MinSalud denuncia ante Fiscalía presuntas irregularidades en fondo de salud para presos
La entidad denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en el Fondo Nacional de Salud para Personas Privadas de la Libertad, tras detectar fallas en el manejo de recursos y advertir que más de 100 mil internos no estarían afiliados al sistema de salud.
Según la cartera, la decisión se tomó luego de identificar actuaciones que habrían sido adelantadas sin la aprobación del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para Personas Privadas de la Libertad , requisito que esta establecido por la normativa vigente. Entre las principales preocupaciones está el manejo presupuestal y la forma en que se estaría garantizando la atención médica de esta población.
Más de 100 mil internos sin afiliación al sistema
De acuerdo con la información entregada por el Ministerio, cerca de 104 mil personas privadas de la libertad que permanecen en centros carcelarios no estarían afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pese a que la ley exige su aseguramiento. Por lo contrario, quienes cumplen prisión domiciliaria —aproximadamente 48 mil— sí permanecen vinculados al régimen subsidiado y reciben atención a través de EPS, lo que evidenciaría un tratamiento diferenciado cuya legalidad ahora será revisada por los entes de control.
Presupuesto, contratos y manejo financiero bajo la lupa
Dentro de las presuntas irregularidades señaladas están la aprobación del presupuesto para 2026 sin revisión del Consejo Directivo, la existencia de pasivos sin respaldo presupuestal ni auditoría certificada y contratos fiduciarios que no habrían sido liquidados dentro de los términos legales.
El Ministerio también cuestionó la contratación de una consultoría para evaluar el modelo de atención en salud, al considerar que el informe entregado no habría cumplido con el objeto contractual.
Cambios en el modelo de atención en salud carcelaria
MinSalud indicó que, junto con los ministerios de Justicia y Hacienda, avanza en medidas para corregir fallas estructurales en la atención médica de la población privada de la libertad, incluyendo la afiliación al sistema general de salud y la adopción de un nuevo modelo de atención, en cumplimiento de órdenes judiciales.
Con la denuncia interpuesta, serán las autoridades competentes las encargadas de determinar si existieron responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales en el manejo del fondo destinado a garantizar la atención sanitaria de esta población.
