Tras casi 10 años, acabará intervención a Minenergéticos por captación ilegal
La Superintendencia de Sociedades señaló que ya se cumplió el objetivo de devolverle el dinero a los afectados, por un monto superior a los 4.000 millones de pesos.

Superintendencia de Sociedades / supersociedades.gov
Tras casi 10 años, el proceso de intervención judicial a Minergéticos por capacitación ilegal está a un paso de culminar, tras haberle pagado a los afectados y a la orden de la Superintendencia de Sociedades del pago de los gastos de administración y los honorarios de la actual agente interventora.
La entidad señaló que hubo afectaciones por 4.123 millones de pesos a 26 personas y empresas.
(Puede leer: Se firmaron contratos por prestación de servicios por $ 29 billones previo a ley de garantías: CCE)
El modus operandi consistía en que esta empresa recibía fondos de terceros sin ofrecer bienes o servicios reales, prometiendo rentabilidades sin sustento financiero.
En este sentido, la entidad ordenó el pago de los gastos de administración, correspondientes principalmente a impuestos prediales y cuotas de copropiedad, por un valor total de $1.137.391.087, los cuales serán cubiertos a través de adjudicación de bienes inmuebles disponibles dentro del proceso. Así mismo, se fijaron los honorarios de la actual agente interventora, los cuales serán cancelados igualmente mediante adjudicación, y se ratificó que el anterior agente interventor removido no tiene derecho al reconocimiento de honorarios, en atención a los incumplimientos que dieron lugar a su remoción.
(Le puede interesar: “Resulta que nunca hubo vacas”: abogado de víctimas por presunta estafa con ganado)
Al respecto el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, destacó que: “una vez más se demuestra que las herramientas legales del Estado permiten proteger de manera efectiva a los ciudadanos frente a esquemas de captación ilegal. En este caso, se logró cumplir el fin resarcitorio del proceso, garantizando la devolución total de los recursos reconocidos a los afectados. Este resultado confirma que el proceso de intervención judicial entra en su recta final”.




