Me estaban pidiendo un delito: directora del Jardín Botánico en juicio a exfuncionarios de Quintero
En el juicio por el contrato de zonas verdes, la directora dijo que se negó a una solicitud indebida y días después les quitaron recursos.
Natalia Urrego, Jorge Enrique Liévano y Luz Eliana Henao; imputados casos zonas verdes en administración de Daniel Quintero.
Medellín, Antioquia
Este lunes 26 de enero se desarrolló la primera jornada del juicio oral por el presunto direccionamiento del contrato de mantenimiento de zonas verdes de Medellín, proceso que avanza ante el Juzgado 10 Penal del Circuito y que involucra a exfuncionarios de la administración del exalcalde Daniel Quintero Calle.
Durante la audiencia declaró Claudia García, directora del Joaquín Antonio Uribe Jardín Botánico de Medellín, quien relató una serie de hechos ocurridos en mayo de 2020, días antes de que la Secretaría de Infraestructura Física redujera de manera sustancial los recursos que históricamente manejaba el Jardín Botánico para el mantenimiento de zonas verdes.
“Me preguntaron cómo contratábamos al personal”
Según el testimonio rendido en estrados, el 11 de mayo de 2020, hacia las 4:00 de la tarde, García recibió una llamada de la entonces subsecretaria de Infraestructura Física, Jennifer Quinceno, en la que le preguntó por los procesos de contratación del personal del Jardín Botánico.
“Me preguntó sobre cómo es el proceso de contratación del personal del Jardín Botánico de Medellín”, declaró la directora, quien explicó que respondió detallando los procedimientos internos de la entidad: perfiles definidos por competencias, convocatorias abiertas, validación de antecedentes, pruebas técnicas y cumplimiento de requisitos.
García señaló que durante la conversación preguntó qué información específica requería la funcionaria, pero la llamada se cortó. Posteriormente intentó comunicarse de nuevo y propuso una reunión virtual debido a las restricciones de movilidad por la pandemia, sin obtener respuesta.
“Eso que me estaban pidiendo es un delito”
La directora relató que, aproximadamente dos horas después, recibió una llamada de la supervisora del contrato, Astrid Helena Barrera, quien le preguntó qué le había dicho a la subsecretaria. Tras explicarle el contenido de la conversación, García aseguró que Barrera le manifestó que ella no había entendido lo que realmente le estaban pidiendo.
“Me dijo que a mí me faltaba experiencia, que esta gente está muy endeudada y necesita poner unas personas en ese contrato”, afirmó García ante el juzgado.
Según su declaración, ella respondió que se trataba de un contrato de prestación de servicios y que lo que se le insinuaba “es un delito en este país”, razón por la cual se negó a acceder a cualquier solicitud irregular.
“Yo no estaba dispuesta a facilitarme para eso”, dijo, y añadió que, si existían hojas de vida interesadas, estas debían presentarse a las convocatorias abiertas y cumplir los requisitos “como cualquier otra persona”.
García señaló que Barrera le respondió que había malinterpretado sus palabras y que simplemente le estaba avisando que se realizaría esa llamada.
Dos días después llegó el recorte
La directora del Jardín Botánico afirmó que el 13 de mayo de 2020 recibió una comunicación oficial de la Secretaría de Infraestructura Física, entonces encabezada por Natalia Urrego, hoy acusada en este proceso penal.
En el documento se les informaba que el contrato que venían negociando tendría una reducción significativa de recursos. El valor quedaría en 7.000 millones de pesos, bajo el argumento de la emergencia por el COVID-19, y que los cerca de 5.000 millones de pesos restantes serían destinados a otros fines.
Según la Fiscalía, esos recursos terminaron siendo trasladados posteriormente a la empresa privada Reforestadora El Líbano, mediante un esquema contractual que es objeto de investigación por presunto direccionamiento y violación de los principios de transparencia y selección objetiva.
El contexto del juicio
El testimonio de Claudia García se suma a la acusación presentada por la Fiscalía General de la Nación contra Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura Física; Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques; y Luz Eliana Henao Rodríguez, representante legal de Reforestadora El Líbano.
Los tres se declararon inocentes y enfrentan cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, por un contrato que superó los 5.250 millones de pesos.
El juicio continuará con la práctica de pruebas y nuevos testimonios, con los que la Fiscalía busca demostrar que el retiro de recursos al Jardín Botánico y la entrega del contrato a un operador privado no respondieron a razones técnicas ni a la emergencia sanitaria, sino a un direccionamiento consciente.