Comunidad de Los Calamares denuncia invasión de zona verde con escrituras de otro barrio
Líderes comunales piden la intervención del alcalde Dumek Turbay para recuperar el lote número 28, el cual cuenta con una orden de restitución incumplida desde hace 15 años

Lote. // Caracol Radio Cartagena
Los habitantes del barrio Los Calamares, en Cartagena, lanzaron una voz de alerta ante lo que consideran una ocupación ilegal de sus espacios públicos. Juan José Jiménez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), denunció que una zona verde emblemática del sector, identificada como el lote número 28, ubicado en la quinta etapa, está siendo intervenida por particulares que pretenden construir viviendas basándose en documentación presuntamente irregular.
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Según Jiménez, las escrituras presentadas por los actuales ocupantes no corresponden al barrio Los Calamares, sino que habrían sido “montadas” sobre predios ubicados en otro sector.
“Vemos con frustración cómo una zona destinada a la comunidad para parques o proyectos sociales está sirviendo a intereses particulares mediante una posible falsedad en documentos, pues montaron las escrituras sobre predios ubicados en San Pedro Mártir”, señaló el líder comunal.
Una resolución engavetada desde 2011
La preocupación de los vecinos radica en que ya existe un fallo jurídico previo. Desde el año 2011, yace una resolución que ordena la restitución inmediata de este bien de uso público, la cual nunca fue ejecutada por las administraciones de turno. La JAC asegura haber entregado todas las pruebas, incluyendo certificados de tradición y libertad, a la Inspección de Policía de la Unidad Comunera número 8.
Por su parte, Luis Carlos Arrieta, fiscal de la junta y presidente de la veeduría local, solicitó formalmente al alcalde Dumek Turbay Paz que incluya a Los Calamares en su política de recuperación del espacio público. “Si el alcalde pudo con el edificio Acuarela y está transformando Chambacú, tenemos la esperanza de que mire hacia nuestro barrio y nos devuelva el derecho humano de utilizar nuestras zonas verdes”, manifestó Arrieta.
La comunidad exige a la Secretaría del Interior y a la Dirección de Control Urbano la suspensión automática de la construcción y una revisión técnica de la titulación de los predios para evitar que se cree un precedente de ilegalidad en el sector.



