CCI alerta que Gobierno redujo vigencias futuras para vía Mulaló - Loboguerrero de forma unilateral

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) expresó su preocupación a los ministros de Hacienda y Transporte por la disminución de los recursos asignados a dos proyectos clave para el desarrollo del país: la vía Mulaló - Loboguerrero, en el Valle del Cauca, y la restauración ambiental del Canal del Dique, en la región Caribe.

Según la carta enviada por Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente del gremio, el ajuste presupuestal implica una reducción cercana a $340.000 millones para el proyecto vial Mulaló–Loboguerrero y de $636.000 millones para el Canal del Dique, lo que, en conjunto de los dos proyectos, representa casi $1 billón que dejaría de ejecutarse en obras priorizadas por el Plan Nacional de Desarrollo.

La CCI advirtió que esta decisión compromete proyectos que son considerados estratégicos para la competitividad, la integración regional y el crecimiento económico, especialmente en dos zonas clave del país como lo son, el suroccidente y la costa Caribe.

Además del impacto financiero, el gremio cuestionó la forma en que se tomó la medida. Recordó un decreto expedido el 29 de diciembre, que decía que cualquier modificación a las vigencias futuras debía realizarse con un acuerdo entre las partes involucradas. A pesar de ello, dos días después, el Gobierno redujo los recursos de manera unilateral.

Para el gremio, esta decisión impacta directamente al sector de infraestructura del país, especialmente a la estabilidad de sus contratos, y abre la posibilidad de riesgos legales y financieros para la Nación, ya que es uno de los principales motores de inversión, fuente de empleo y desarrollo en las regiones del país.

La CCI agregó que proyectos de vía como Mulaló - Loboguerrero son claves para mejorar la conexión entre el puerto de Buenaventura y el interior del país, mientras que el Canal del Dique cumple un papel fundamental en la reducción de riesgos ambientales y la recuperación de ecosistemas que se encuentran en la región Caribe.

Además, afirmó que el incumplimiento de estos compromisos debilita la confianza de inversionistas y concesionarios, pues pone en riesgo la estabilidad jurídica y financiera para avanzar en grandes proyectos de infraestructura.

Por esto, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) le pidió al Gobierno nacional restablecer las vigencias futuras para 2025 y garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en proyectos estratégicos para el desarrollo del país. El gremio advirtió que, de no cumplir con la obligación de esos pagos, los funcionarios responsables podrían enfrentar sanciones disciplinarias y fiscales, en un escenario que podría marcar el rumbo de la confianza en la infraestructura y la inversión pública en Colombia.