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Quirófanos improvisados y estafas: así operaba red de cirugías ilegales en Medellín

Los procedimientos improvisados se llevaron a cabo en viviendas de los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera.

Quirófanos improvisados y estafas: así operaba red de cirugías ilegales en Medellín. Foto: Fiscalía General de la Nación.

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La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos hechos a tres mujeres investigadas por su presunta participación en la realización de procedimientos estéticos invasivos en condiciones irregulares en Medellín.

Según las autoridades, se trata de Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, quienes habrían operado en quirófanos improvisados ubicados en viviendas de los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera, sin cumplir con las mínimas condiciones de higiene y salubridad.

El 13 de enero de 2026, durante la audiencia de imputación, las procesadas aceptaron su presunta responsabilidad de manera voluntaria. Comprendiendo que los delitos imputados fueron, concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito de masa y lesiones personales dolorosas.

Según la investigación adelantada por una fiscal de la Seccional Medellín, entre abril de 2023 y mayo de 2024 las hoy imputadas, junto con otras personas, habrían practicado múltiples procedimientos estéticos, principalmente una intervención denominada lipólisis láser con transferencia glútea.

Así operaba la red delincuencial

Las víctimas eran en su mayoría contactadas por redes sociales y se logró determinar mediante el material probatorio, que las investigadas participaron directamente en los procedimientos, cumpliendo labores como la administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y realización de masajes postquirúrgicos.

Además, cuando las pacientes presentaban complicaciones médicas y acudían nuevamente a los lugares donde fueron intervenidas, los procedimientos eran trasladados a otros barrios para evadir controles.

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La Fiscalía estableció que al menos 55 personas habrían sido víctimas de estos procedimientos invasivos. De ellas, más de 40 mujeres sufrieron lesiones de consideración, entre las que se incluyen deformidades, limitaciones funcionales, dolores crónicos y otras complicaciones físicas.

Las tres mujeres permanecen privadas de la libertad en un establecimiento carcelario desde octubre de 2025. Por estos mismos hechos, el ente acusador también judicializó a Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, señaladas como presuntas articuladoras de la actividad delincuencial.