De la cocaína a la extorsión: ¿cómo mutaron los mercados ilegales en Latinoamérica en 2025?

América Latina atraviesa una transformación profunda en su ecosistema delictivo. Las organizaciones criminales han dejado de operar como estructuras centradas en un solo negocio para convertirse en redes diversificadas, con múltiples fuentes de ingresos ilícitos y capacidad de adaptación frente a los controles estatales.

Un informe reciente del International Institute for Strategic Studies (IISS) señala que estos grupos han adoptado modelos de operación más flexibles, con actividades criminales variadas y alianzas cada vez más sofisticadas, incluso con actores que operan fuera de la región.

Aunque el tráfico de drogas sigue siendo la principal fuente de ingresos para la mayoría de estas organizaciones, actividades como la extorsión, la trata de personas, el tráfico de migrantes y la minería ilegal han ganado peso y, en muchos casos, se combinan con los negocios tradicionales.

El resultado es un ecosistema criminal más diverso, capaz de moverse entre distintos mercados según los riesgos, las oportunidades económicas y la presión de las autoridades.

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Del monopolio de la cocaína a los mercados múltiples

El informe del IISS describe un cambio estructural: el crimen organizado estaría pasando de depender casi exclusivamente de la cocaína, dirigida principalmente al mercado de Estados Unidos, a operar múltiples actividades ilícitas orientadas a mercados en Europa, Oceanía, África y América.

Este giro no solo altera rutas y flujos del delito, sino que también modifica la forma en que operan las organizaciones y amplía su impacto sobre las comunidades locales. En la base de estas cadenas ilegales, grupos locales y pandillas han fortalecido su control territorial, lo que les permite explotar economías ilícitas de alta rentabilidad, como la extorsión y la trata de personas.

A ello se suman alianzas con funcionarios corruptos y redes criminales internacionales, que refuerzan su capacidad de expansión y les permiten adaptarse con rapidez a nuevos escenarios.

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Diversificación, poder y control territorial

En conversación con Caracol Radio, el consultor en seguridad e inteligencia Manfred Grautoff explicó que esta diversificación responde a dos razones principales.

• La primera es económica: depender de un solo negocio ya no resulta rentable. Los mercados ilícitos pueden deprimirse o verse afectados por acciones policiales, por lo que las organizaciones buscan reducir riesgos expandiendo su portafolio criminal.
• La segunda razón es política y territorial: estos grupos actúan como actores de poder local, buscando cooptar al Estado, influir en la asignación de recursos públicos y controlar dinámicas sociales en regiones, estados o municipios. Aunque hoy tienen menos carga ideológica que en el pasado, su pragmatismo los vuelve más peligrosos.En ese contexto, la extorsión se ha consolidado como uno de los principales mercados criminales en casi toda América Latina. No solo genera ingresos constantes, sino que permite a las estructuras ilegales regular la vida cotidiana de las comunidades: qué se vende, quién presta servicios y bajo qué condiciones.

Casos como el Clan del Golfo en Colombia o el Primeiro Comando da Capital (PCC) en Brasil ilustran esta tendencia, combinando control territorial, alianzas estratégicas y una alta capacidad de adaptación.

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Cambios del crimen organizado y sus nuevas rutas

El informe del IISS advierte que estas redes criminales operan cada vez más con una lógica empresarial global, aprovechando contextos de pobreza, exclusión y debilidad institucional para expandirse.

Aunque el tráfico de drogas ilícitas sigue siendo el negocio criminal más rentable a nivel global, la demanda está cambiando. De acuerdo con datos de Naciones Unidas, la producción de cocaína alcanzó niveles récord en 2023, pero en Estados Unidos el consumo de esta droga ha disminuido, mientras crece de forma acelerada el uso de drogas sintéticas, como el fentanilo.

Este cambio ha obligado a las organizaciones criminales a ajustar sus estrategias. Al mismo tiempo, en Europa y Oceanía la demanda de cocaína continúa en aumento, lo que ha abierto nuevas rutas desde América Latina y, en algunos casos, a través de África.

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Estas organizaciones pueden mover cocaína hacia Europa, fentanilo hacia Estados Unidos y oro de origen ilegal hacia Medio Oriente, mientras obtienen ingresos adicionales mediante la trata de personas, el tráfico de migrantes y la extorsión en distintos países de la región.

Este modelo no solo multiplica las fuentes de ingresos ilícitos, sino que también dificulta la respuesta de los Estados, especialmente en aquellos con capacidades institucionales limitadas, que enfrentan estructuras criminales descentralizadas y altamente adaptables.

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Estados vulnerables y finanzas intocadas

Grautoff advierte que uno de los principales errores ha sido reducir el análisis al narcotráfico. Existen otros circuitos económicos clave (legales e ilegales) que nunca han sido perseguidos de manera sistemática desde el punto de vista financiero.

Según el especialista, el impacto real de las políticas de control sobre las finanzas criminales sigue siendo mínimo. Las estimaciones más realistas hablan de afectaciones inferiores al 5 % de la estructura económica de estos grupos.

En países como Venezuela, el problema es aún más complejo. Grautoff sostiene que, en algunos casos, el crimen organizado no opera contra el Estado, sino a través del Estado, lo que ha dado lugar a formas de gobernanza criminal en territorios específicos.

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Impacto regional y desafíos para 2026

De cara a 2026, Grautoff identifica tres alertas principales.

1. La primera es financiera: mientras no se ataque el dinero, los activos y los flujos económicos, el impacto seguirá siendo marginal.
2. La segunda es la cooptación del Estado: especialmente a través de la contratación pública y los procesos electorales, que requieren vigilancia sostenida y estrategias integrales.
3. La tercera es el control territorial y social: Las métricas de éxito, sostiene, no pueden seguir limitándose a capturas o incautaciones, sino que deben enfocarse en la reducción de homicidios, secuestros y extorsiones, así como en la recuperación de la gobernabilidad local.

El objetivo final, concluye, debe ser devolver el control del territorio y de los recursos públicos a las comunidades, evitando que siga en manos de estructuras ilegales cada vez más diversificadas y adaptables.

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