Los nuevos liderazgos que están redefiniendo la seguridad y la democracia en Colombia

Este 12 de diciembre la Universidad EAN fue escenario del reconocimiento a los ‘100 Nuevos Líderes de Colombia’, un encuentro organizado por Prisa Media, que hizo visible el impacto de ciudadanos que, desde distintas regiones, están transformando la seguridad, fortaleciendo la democracia y reconstruyendo el tejido social en medio de un país profundamente desigual.

Durante la apertura del evento, Alejandro Santos Rubino, director de Contenidos de Prisa Media, destacó la importancia de visibilizar estas voces que aun en medio de condiciones difíciles, “son colombianos que creyeron en ellos mismos y en el país. No hay un ejemplo con la fuerza moral y ética como el que tenemos hoy”, afirmó. Para él, su trabajo demuestra que la política se hace pequeña ante la grandeza de quienes lideran sin olvidar de dónde vienen.

A su turno, Luis Carlos Arango, director general de Colsubsidio, señaló que el liderazgo contemporáneo exige escuchar, adaptarse y replantear rutas. “Hoy más que nunca, Colombia necesita liderazgos que construyan unión, no polarización. Liderar es un compromiso: el país los necesita y ustedes son ejemplo para los jóvenes”, dijo, insistiendo en la responsabilidad colectiva frente al futuro del país.

A partir de ahí, la conversación se movió hacia una preocupación transversal: cómo se sostiene un país cuando la seguridad, la democracia y el liderazgo social se viven de maneras tan distintas según el territorio.

El subintendente John Faber Díaz abrió la conversación explicando cómo la tecnología ha permitido que la Policía pase de avances limitados a tener capacidades reales para conectar casos locales con redes nacionales o transnacionales.

Para él, la seguridad empieza por mejorar la investigación criminal: rastrear armas, consolidar datos y usar inteligencia artificial bajo principios de integridad. “La trazabilidad es clave”, dijo, porque cada registro permite entender patrones que antes eran invisibles. Su reflexión apunta a un Estado que actúa, que mejora su capacidad técnica y que se prepara para desafíos como el Plan Democracia de 2026.

Esa visión institucional encontró un contrapunto inmediato en la experiencia territorial. Carmen García, desde el Catatumbo, recordó que la seguridad no es solo una labor policial, sino un tejido social que se defiende todos los días. Y lo ejemplificó con la fuerza colectiva de las madres que han resistido el reclutamiento: “Quiero que nos reunamos todas y, cuando intenten reclutar a un niño, no dejemos que se lo lleven”. Para ella, la seguridad se sostiene con la decisión de no permitir que la guerra siga marcando la vida de los niños. Y su llamado final fue también un horizonte para la región: “Anhelamos que el Catatumbo sea una región de nuevas oportunidades”.

Esa tensión entre capacidades del Estado y resistencia comunitaria conectó con una pregunta más profunda: ¿cómo se defiende la democracia cuando las instituciones no siempre llegan?.

Iris Marín, defensora del Pueblo, insistió en que gran parte del liderazgo social en Colombia ocurre en soledad y con una precariedad enorme. Aun así, afirmó que “las comunidades sostienen espacios democráticos locales donde la participación es un antídoto contra la ausencia estatal”. Su diagnóstico apuntó a una distancia grande entre la política formal y la vida cotidiana de la gente, que solo puede cerrarse con instituciones más cercanas, transparentes y enfocadas en resolver el día a día.

Andrés Caro llevó esa reflexión al plano jurídico: en un país donde han asesinado a más de 180 líderes, la democracia liberal y el Estado de derecho necesitan una defensa constante. Su apuesta es el litigio estratégico, “insistir hasta que las instituciones cumplan las reglas”, aseguró.

Reconoció avances en descentralización, pero advirtió que las reformas deben cuidar la estructura del Estado: “cambiemos los tubos sin dañar la casa”. Su mirada contrastó con la de quienes ven la democracia desde el territorio, pero coincidió con ellos en algo esencial: sin controles ciudadanos y sin límites claros al poder, el sistema se debilita.

Ese rol ciudadano fue precisamente el eje de Lucidia Amaya, de la Veeduría Todos por Medellín. Para ella, la democracia no es solo un sistema de gobierno, sino una práctica cotidiana donde la vigilancia, la participación y el diálogo con quienes piensan distinto son indispensables. Subrayó que las regiones deben tener reglas claras y que la lucha contra la corrupción es una demanda transversal del país. En su visión, la ciudadanía activa puede fortalecer lo que las instituciones, por sí solas, no logran sostener.

Esa perspectiva enlazó de inmediato con la reflexión de Alejandra Barrios, directora de la MOE, quien señaló que la fortaleza de la democracia colombiana está precisamente en esa combinación entre instituciones que resisten y ciudadanía que no renuncia a vigilar.

Recordó que, a pesar de la violencia y de las crisis políticas, el país ha sostenido la entrega pacífica del poder y la integridad de los procesos electorales, pero advirtió que la desinformación amenaza esa estabilidad porque reduce la posibilidad de debatir sin convertir al contradictor en enemigo. Para Barrios, escuchar incluso a quienes piensan distinto es un acto esencial de seguridad democrática; sin esa capacidad de diálogo, dijo: ”El país pierde la posibilidad de sorprenderse, aprender y corregirse”.

Al final, todas las voces apuntaron a la misma verdad: un país más seguro y democrático no se sostiene solo en instituciones fuertes ni en comunidades organizadas, sino en la unión de ambas. Tecnología, liderazgo social y control ciudadano se cruzaron en una idea común: Colombia se defiende todos los días, desde todos los frentes.