JEP resuelve situación jurídica de 58 miembros de la fuerza pública involucrados en falsos positivos

Colombia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió la situación jurídica de 58 comparecientes de la fuerza pública vinculados a 21 hechos de falsos positivos ocurridos entre 1992 y 2008 en Norte de Santander y Antioquia.

Estos crímenes dejaron 34 víctimas asesinadas y presentadas como bajas en combate, además de dos tentativas de homicidio.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas otorgó a los comparecientes el beneficio de renuncia a la persecución penal, lo que implica el archivo de las investigaciones disciplinarias, la eliminación de antecedentes penales y la suspensión de órdenes de captura.

Sin embargo, el beneficio es condicionado y, en 44 casos, parcial, pues estos uniformados continúan vinculados a otros procesos dentro de la Jurisdicción. Todos deberán cumplir estrictas obligaciones del régimen de condicionalidad, entre ellas, notificar a la JEP si planean salir del país por más de un mes. El incumplimiento podría derivar en la pérdida de los beneficios.

Hechos en Norte de Santander y Antioquia

Entre los beneficiados hay 15 exintegrantes del Grupo de Caballería Mecanizado No. 5 ‘Hermógenes Maza’ y un exmiembro de la AFEUR 8, que operaba en el Catatumbo. Estos comparecientes participaron en asesinatos cometidos en Cúcuta, Zulia, Bucarasica y Durania, entre ellos los de Henry Palencia Antúnez, Leydi Katherine Gelves, el menor Johan Manuel Guzmán Uzquiano y otros seis civiles.

En Antioquia, 24 exmiembros del Gaula Rural de Oriente (Gaula Rionegro) y de la AFEUR 5 fueron responsables de asesinatos perpetrados en Medellín, Bello, San Vicente, Jericó, El Guarne, Cocorná y Abejorral.

Entre las víctimas figuran Eduardo Andrés Vargas Hernández, Juan Camilo Puerta Marín, Cesar Augusto Arbeláez Montoya, varios jóvenes más y dos menores de edad: José Miguel Londoño Ramírez y Erick Alberto Osorio Martínez.

Del total de comparecientes, 26 estuvieron privados de la libertad durante los procesos en la justicia ordinaria y cinco no habían sido investigados ni procesados, pero reconocieron responsabilidad ante la JEP.

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Ruta no sancionatoria y aportes a la verdad

Los 58 comparecientes transitan la Ruta No Sancionatoria, diseñada para quienes no fueron catalogados como máximos responsables dentro de los patrones criminales definidos por la Jurisdicción.

En audiencias públicas en Bogotá, Cúcuta y Medellín, los uniformados detallaron mecanismos de coordinación militar para falsificar documentos, manipular escenas del crimen y presentar a civiles como combatientes muertos.

Según la JEP, estos aportes superaron lo establecido por la justicia ordinaria y permitieron reconstruir patrones criminales en ambas regiones. También realizaron acciones restaurativas, como participación en iniciativas comunitarias del programa Manos al Servicio Comunitario, actividades con la Fundación Equipo Restaurador en Medellín y procesos con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Decisiones y alcance

Las decisiones fueron adoptadas mediante las resoluciones 3797, 3825 y 3826 de 2025, a cargo de los magistrados Pedro Díaz Romero, Mauricio García Cadena y Carlos Alberto Suárez López, de las subsalas Catatumbo y Antioquia.

Con estas definiciones, la JEP ha resuelto de manera definitiva la situación jurídica de 475 comparecientes de la fuerza pública, 473 de ellos involucrados en crímenes no amnistiables. La Sección de Apelación ha proferido hasta ahora tres sentencias sobre apelaciones a renuncias de persecución penal.

Como garantía de reparación, la Sala ordenó a la UARIV inscribir en el Registro Único de Víctimas a los familiares de las personas asesinadas que aún no figuren en esa base de datos.