Pedraza asegura que denuncia de Juliana Guerrero es un intento de judicializar la labor de control

La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza ha revelado un grave escándalo que involucra a Juliana Guerrero, viceministra de Juventudes, en la obtención de un título universitario presuntamente fraudulento y en la obstaculización de la labor de control político. La situación ha escalado a tal punto que se llevará a cabo una diligencia judicial el próximo viernes, 14 de noviembre, donde Pedraza presentará sus pruebas.

Según Pedraza, la hipótesis principal es que Juliana Guerrero “pudo haber comprado el título o accedió a él de manera irregular”. Esta sospecha se fundamenta en que Guerrero no solo no presentó los exámenes Saber Pro y Saber TyT, requisitos legales para la titulación, sino que tampoco figura con un código SNIES ni está reportada en la base de datos del Ministerio de Educación, donde se registran todos los estudiantes universitarios. Además, no posee tarjeta profesional.

La Fundación Universitaria de San José, de donde supuestamente Guerrero obtuvo su título, emitió un comunicado do meses después de que Pedraza interpusiera una tutela, la cual ganó, debido a la negativa de la institución a responder un derecho de petición sobre el historial académico de Guerrero. Este hecho, según Pedraza, confirma la naturaleza fraudulenta del título.

Un dato relevante es que el representante legal de la Fundación Universitaria San José, Francisco Pareja, fue fórmula a la Cámara de Representantes con Armando Benedetti, quien a su vez fue candidato al Senado en 2018. Pedraza sugiere que esta conexión podría indicar una posible intervención de alto nivel para “resolverle todo lo que se requiera en su hoja de vida” a Guerrero, por “orden expresa del presidente”.

A pesar de las graves acusaciones y de que el título sea considerado fraudulento, Juliana Guerrero, según Pedraza, tampoco cumpliría con los requisitos del manual de funciones, que exige al menos dos años de experiencia profesional relacionada con el cargo. Sin embargo, tres meses después de iniciadas las denuncias, Guerrero sigue siendo la delegada del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar.

La situación se agrava con la denuncia de calumnia interpuesta por Juliana Guerrero contra Pedraza. Guerrero alega que todo lo dicho por la representante es falso. Esta denuncia se produjo un día después de que Pedraza publicara información sobre la falta de presentación del Saber Pro por parte de Guerrero. En ese momento, el ICFES emitió un comunicado insinuando que Pedraza había “hackeado” su página, y Guerrero la denunció por delitos informáticos.

La representante refutó estas acusaciones, señalando que la información sobre el Saber Pro es pública y accesible en el portal del ICFES. Pedraza manifestó que presentará todas sus pruebas en la audiencia del viernes y solicitará a la Corte Suprema de Justicia que pida una versión a Guerrero. Además, Pedraza denunció a Guerrero ante la Fiscalía General de la Nación por falsedad de documento público y fraude procesal, esperando una actuación “con celeridad” en la investigación.

Modificación en el manual de funciones

Pedraza también comentó que recientemente ganó una acción judicial contra la Universidad Industrial de Santander (UIS), que se había negado a entregarle el contrato de Juliana Guerrero bajo el argumento de que era información reservada. La UIS entregó la información ayer, a pesar de que el juez había dado un plazo de 48 horas. Pedraza calificó de “inadmisible” la dificultad para obtener información, incluso siendo congresista.

Finalmente, Jennifer Pedraza ha responsabilizado directamente al presidente Gustavo Petro y al ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, señalando que hace pocos días se publicó una modificación en el manual de funciones para “rebajar aún más los requisitos para nombrar viceministros y viceministras”.

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