Tribunal excluye a consorcio de Hidroituango en demanda de EPM: siguen diseñadores e interventores
El Tribunal de Antioquia rechazó la demanda contra el Consorcio CCC Ituango por un laudo arbitral definitivo que ya había resuelto la controversia.
Hidroituango. Foto: Getty Images. / JOAQUIN SARMIENTO
Medellín
El Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó la demanda de Empresas Públicas de Medellín (EPM) por 9,9 billones de pesos contra el Consorcio CCC Ituango, conformado por Conconcreto, Camargo Correa Infra y Coninsa Ramón H., al concluir que no tiene jurisdicción para conocer el caso.
Según el fallo, las controversias entre EPM y los constructores ya habían sido resueltas mediante un tribunal de arbitraje, que en diciembre de 2024 profirió un laudo definitivo en el que se determinó que el consorcio no fue responsable del colapso de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) ocurrido en abril de 2018, durante la construcción del megaproyecto Hidroituango.
El Tribunal explicó que dicho laudo tiene carácter definitivo y vinculante, lo que significa que las responsabilidades definidas allí no pueden ser revisadas nuevamente por la justicia ordinaria.
Demanda seguirá contra otros actores del proyecto
Tras conocerse la decisión, Constructora Conconcreto S.A. —integrante del Consorcio CCC Ituango— emitió un comunicado en el que destacó que este pronunciamiento “da cierre a una de las contingencias más relevantes” dentro del proyecto, al reconocer la cosa juzgada del proceso arbitral.
La compañía reiteró que el consorcio actuó con “integridad, diligencia y transparencia” durante la ejecución de la obra y que aportó toda su experiencia técnica, humana, social y ambiental para lograr la culminación exitosa de la primera fase de Hidroituango, considerada esencial para la estabilidad energética del país.
Una demanda de casi 10 billones de pesos
La emergencia de 2018 fue considerada inicialmente por EPM como un “accidente imprevisible”, pero en 2020, durante la administración del entonces alcalde Daniel Quintero, la empresa cambió su postura y decidió demandar a los contratistas.
Paralelamente, la Contraloría General adelantó un proceso de responsabilidad fiscal y las aseguradoras acordaron el pago de 983 millones de dólares por los daños ocasionados al proyecto.
La demanda de EPM, presentada en 2021, buscaba recuperar los daños materiales y las pérdidas económicas, además del lucro cesante por la energía no generada durante la emergencia de Hidroituango.
