Cerca de 600 personas siguen desplazadas en cinco municipios de Antioquia. ¿Por qué?
La Gobernación de Antioquia alertó que no están dadas las garantías de seguridad para que las familias regresen a sus veredas.
Familias desplazadas en Briceño, en el Norte de Antioquia, tras las amenazas del Frente 36 de las disidencias de las Farc. Foto: Cortesía.
Cerca de 600 personas continúan desplazadas en cinco municipios de Antioquia, luego de amenazas y hechos de violencia atribuidos, en su mayoría, a las disidencias del frente 36 de las Farc y otros grupos armados ilegales. Las familias permanecen fuera de sus hogares desde hace semanas y en algunos casos más de un mes, mientras las autoridades mantienen operativos en las zonas afectadas.
En Tarazá, 52 hogares —equivalentes a 138 personas— completan mes y medio alojados en el coliseo municipal tras huir por las intimidaciones de los grupos armados. En Anorí, 192 familias, —con un total de 322 personas—, se encuentran autoalbergadas, sin condiciones de seguridad para regresar a sus veredas.
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En El Bagre, 23 hogares, es decir, 83 personas, permanecen desplazadas. Mientras tanto, en Briceño se reportan 30 personas fuera de sus viviendas y en Valdivia son 33 familias las que aún no han podido retornar. En total, están activos tres desplazamientos masivos en el departamento, donde las familias siguen a la espera de una presencia contundente de la fuerza pública para volver a sus veredas.
Otros riesgos
Además del riesgo de nuevos desplazamientos, la emergencia humanitaria se agrava con la presencia de artefactos explosivos. Este año, 22 personas —entre muertos y mutilados— han sido víctimas de minas antipersonal en Antioquia, según confirmó María Patricia Giraldo, subsecretaria de Derechos Humanos y Paz.
Entre diciembre de 2024 y lo que va de 2025, el departamento ha registrado 30 situaciones de desplazamientos y confinamientos forzados, una cifra que evidencia el avance de los grupos armados ilegales, según cifras de la Gobernación de Antioquia.
La situación mantiene en alerta a las autoridades locales y a las comunidades, que reclaman acciones más efectivas y sostenibles para evitar que la violencia siga desplazando familias en las zonas rurales del departamento.