Plenaria del Senado aprueba proyecto del Gobierno para fortalecer la financiación de universidades

La financiación a universidades a lo largo de los años ha sido todo un tema de conversación en Colombia, ya que, para algunos estudiantes, el apoyo de algunos gobiernos ha sido nulo. El acceso a la educación superior siempre ha sido visto como un privilegio en el país, puesto que la posibilidad de pagar una matrícula estudiantil no aplica para muchos.

Es por ello que varios movimientos estudiantiles se han esforzado por dar visibilidad a los problemas que a traviesa el sector educativo por la falta de garantías a la hora de estudiar, sobre todo, en instituciones públicas por la escasez de cupos en los programas. Por tal razón, se llevó a cabo el pasado 24 de septiembre una plenaria en el senado donde se aprobó la reforma a la Ley 30.

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¿Cuál es la Ley 30 en Colombia?

La Ley 30 de 1992, es la encargada de organizar el servicio público de las instituciones para la educación superior. Esta Ley establece y regula como deben de funcionar los principios y las imparticiones que puede tener una universidad que brinde técnicos, tecnólogos, pregrados y entre otros. Además, también supervisa la autonomía de las instituciones, la creación y el funcionamiento de los órganos de inspección y vigilancia (CESU e ICFES), y a su vez, los sistemas de financiación para el funcionamiento de estas entidades.

Después de varios debates dentro del Senado, finalmente se aprobó una reforma a esta ley que está en busca de mejorar las condiciones para el acceso a la educación superior en universidades públicas.

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Reforma a la Ley 30 y los cambios que trae para las universidades públicas

Esto se dio gracias a la lucha de movimientos estudiantiles, esto lo resalta el ministerio de educación en su página, donde explican los cambios y modificaciones que trae esta aprobación para el financiamiento de instituciones de educación superior.

Una vez se surta todo el proceso legislativo, las universidades y las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas recibirán recursos de acuerdo al los incrementos que llegue a presentar el Índice de Costos de la Educación Superior, ICES, así como asignaciones adicionales para su funcionamiento. De tal manera, una afirmación que hace el Ministerio de educación es:

“Este avance no se queda solo en la inversión: también se fortalece la transparencia. El articulado aprobado faculta a las comunidades educativas para conformar veedurías ciudadanas que vigilen de cerca los recursos públicos destinados a la educación superior”.

Por otro lado, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, declaró que con esta aprobación comenzarán a cerrarse una brecha histórica para la educación superior pública, pues se tiene pensado destinar progresivamente recursos hasta alcanzar el 1% de PIB, y por fin, incluir a esas instituciones técnicas y tecnológicas que han sido olvidadas.

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