Estado de conmoción en Venezuela: qué poderes le otorgaría a Maduro y cuál es la duración legal
Estas son las implicaciones que tendría este decreto para la oposición política y la sociedad civil en Venezuela, así como su duración legal, según la Constitución
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla en una rueda de prensa el lunes 15 de septiembre en Caracas (Venezuela). FOTO: EFE/Miguel Gutiérrez / Miguel Gutierrez
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro anunció el pasado martes, 23 de septiembre, que decretaría un “Estado de Conmoción Exterior” en todo el territorio nacional en medio de las tensiones con Estados Unidos por el despliegue militar en el Caribe bajo el pretexto de operaciones “antinarcóticos”.
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El anuncio lo hizo en medio de una reunión con el Comité Ejecutivo del país, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Maduro aseguró que el objetivo de este decreto es que, “toda la nación” tenga protección y la activación de todas las fuerzas para responder a las amenazas de EE. UU., que según dijo, buscan establecer un “nuevo régimen”.
“El primer decreto constitucional para que toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas, o si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra nuestra hermosa muy heroica, muy histórica República Bolivariana de Venezuela", manifestó.
En el Artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, podrá decretar el estado de alarma cuando se presenten acontecimientos que afecten gravemente la seguridad de la Nación, instituciones y ciudadanos. Este debe ser convocado por el presidente en Consejo de Ministros y debe ser aprobado por la Asamblea Nacional o Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ):
“Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones”.
De acuerdo con la constitución venezolana, esta figura permite al Ejecutivo restringir temporalmente derechos constitucionales, intervenir en funciones de otros poderes públicos y tomar medidas excepciones para “restablecer el orden público” o “enfrentar una amenaza externa”.
Entre los derechos que pueden ser restringidos está la libertad de tránsito, la inviolabilidad del hogar, las comunicaciones privadas, y el derecho a reunión, exceptuando el derecho a la vida, a la integridad personal y a la defensa.
En su Artículo 339, la constitución indica que el decreto de alarma debe cumplir con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Este debe ser presentado al Legislativo dentro de los ocho días siguientes a su firma, especificando las garantías y medidas para la protección de la población ante la amanerada interna o externa.
A continuación le explicamos poderes extraordinarios le otorga el Estado de Conmoción al presidente, sus implicaciones tendría este decreto para la oposición política y la sociedad civil en Venezuela, así como su duración legal.
¿Qué poderes extraordinarios le otorga el Estado de Conmoción al presidente?
La consultora política venezolana Sheyla Dallmeier explicó a Caracol Radio que, la constitución faculta al presidente de dictar decretos con fuerza de ley para “reorganizar presupuesto, restringir ciertas libertades y movilizar a la fuerza armada” para garantizar el orden interno o enfrentar amenazas externas.
“Están pensados para situaciones excepcionales como guerras, graves disturbios o catástrofes naturales”, dijo. Para Dallmeier, la realidad en Venezuela es que el gobierno de Maduro no respeta la Constitución desde hace más de una década, gobernando de facto con poderes extraordinarios incluso sin un decreto de conmoción.
“Un ejemplo de esto es el estado de emergencia económica permanente que se mantiene desde 2016, prorrogado indefinidamente con el aval del Tribunal Supremo de Justicia”, recordó.
Dallmeier añadió que durante el estado de conmoción existen derechos intangibles e inalienables que no pueden ser afectados, como el derecho a la vida, la prohibición de torturas, el derecho al debido proceso y la prohibición de desapariciones.
“El régimen de Nicolás Maduro ha ilegalizado partidos opositores, inhabilitado a sus líderes, impedido manifestaciones pacíficas con represión, bloqueado y censurado medios nacionales e internacionales, y desconocido garantías procesales con detenciones arbitrarias, incomunicación y procesos en tribunales militares contra civiles”, aseveró.
¿Cuál es la duración legal de un Estado de Conmoción?
La duración inicial de un estado de conmoción exterior es de hasta 90 días. Este puede prorrogarse por 90 días adicionales, con aprobación de la Asamblea Nacional.
La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. Según Dallmeier, “bajo ningún concepto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que un estado de conmoción se pueda prorrogar de forma indefinida“.
Sin embargo, en la práctica en Venezuela, la situación es diferente. Pues el régimen de Nicolás Maduro puede prorrogar estos estados tantas veces como desee, haciendo un uso arbitrario de ellos. “No existe un contrapeso que controle al gobierno para evitar estas prórrogas”, expresó.
Implicaciones para la oposición y sociedad
Dallmeier alertó que, el nuevo decreto podría implicar controles más estrictos sobre reuniones políticas, limitación de marchas y manifestaciones, así como restricciones en las labores de algunas ONG y medios de comunicación. Aunque la oposición y la sociedad civil venezolana ya viven en un estado de excepción permanente, que se ha agudizado desde julio de 2024.
“Los opositores son perseguidos, detenidos, torturados y forzados al exilio. Las ONG enfrentan trabas y son criminalizadas, los medios independientes son cerrados o asfixiados económicamente, y el acceso a internet es desfiltrado. Venezuela bloquea las señales de medios internacionales y desde hace aproximadamente un año los venezolanos no tienen acceso libre a plataformas como X”, aseguró.
Para la experta consultada, la declaración de un estado de conmoción solo formalizaría una situación ya existente: la concentración absoluta del poder en el ejecutivo y la neutralización de cualquier contrapeso institucional. “Esto se percibe como una excusa adicional para continuar violando la Constitución de manera arbitraria".
En resumen, el problema no es lo que la Constitución autoriza, sino un régimen arbitrario que no la respeta y utiliza los mecanismos de control para ejercer más represión y control político.