Familia de patrullera María Alejandra Guerrero denuncia demoras en dictamen de Medicina Legal
José Guerrero, padre de la patrullera, denunció que la investigación que adelanta la Fiscalía está “estancada”.
La patrullera fallecida. Foto: tomada de internet.
A casi cinco meses de la muerte de la patrullera María Alejandra Guerrero Montiel, ocurrida el pasado 28 de abril en un conjunto residencial del sector Caribe Verde, en el suroccidente de Barranquilla, el caso sigue sin esclarecerse.
Su padre, José Guerrero, denunció en conversación con Caracol Radio que el dictamen final de Medicina Legal continúa sin ser entregado, lo que mantiene estancada la investigación que adelanta la Fiscalía.
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“Es la preocupación que me embarga en este momento, porque de parte de la Fiscalía —a pesar de que se hizo la solicitud de que el caso fuera priorizado por las evidencias y los elementos materiales probatorios que se tienen, y que dan cuenta de que en realidad no se trató de un suicidio—, es preocupante que la Fiscalía, a estas alturas, ya cinco meses después, no haya hecho un pronunciamiento”, dijo Guerrero.
“Medicina Legal tiene estancado ahí el dictamen final”
El padre de la patrullera, quien actualmente se encuentra fuera de La Guajira por motivos de seguridad, tras denunciar seguimientos e intimidaciones, reiteró que desde el inicio ha sostenido que su hija no se quitó la vida, sino que fue víctima de un feminicidio.
“Igualmente, Medicina Legal tiene estancado el dictamen final. Entonces, es preocupante. Es preocupante, aunque se le puso en conocimiento desde Presidencia, Vicepresidencia, Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Igualdad, toda esa Procuraduría, para que se ejerciera una vigilancia especial al caso. Seguimos con el caso estancado en Barranquilla. Desafortunadamente, la Fiscalía en Barranquilla… no sé qué pasa. La verdad, pues, es preocupante la situación”, sostuvo.
Además, recordó que el caso ha sido puesto en conocimiento de varias instituciones del Estado, entre ellas la Presidencia de la República, la Vicepresidencia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el Ministerio de la Igualdad, con el objetivo de que se le dé un trato prioritario y se ejerza una vigilancia especial sobre el proceso. Sin embargo, a la fecha, no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial ni se reportan avances significativos en la investigación.