ONU celebra sentencia de la JEP y destaca que es clave para superar negacionismo de falsos positivos
La Oficina de la ONU reconoció el valor de las víctimas que, a pesar de enfrentar maltrato y rechazo, buscaron incansablemente limpiar el nombre y el honor de sus familiares
Naciones Unidos alerta por repunte de homicidios de defensores de derechos humanos en Colombia. Scott Campbell, alto representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió este jueves, 18 de septiembre, la primera sentencia en el marco del Caso 03 por asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate, también llamados falsos positivos, en la Costa Caribe.
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En esta ocasión, la entidad impuso sanción propia por 8 años (la sanción más alta prevista en el Acuerdo Final de Paz) contra 12 exmilitares que pertenecieron al Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, de Valledupar: cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados profesionales. Todos en condición de retiro.
Conviene destacar que, la JEP aplicó descuentos a quienes “ya habían empezado a saldar su deuda con la justicia y con las víctimas, a través de procesos penales previos (hasta 5 años).
Los comparecientes sancionados fueron determinados como máximos responsables en el asesinato de 135 civiles, en Cesar y La Guajira, entre enero de 2002 y julio de 2005. Según la JEP, en este periodo los 12 exmilitares fueron responsables de 135 asesinatos en 77 hechos delictivos, que causaron otras 192 víctimas indirectas.
La condena también reconoció la victimización individual y colectiva que sufrieron de manera diferencial y desproporcionada los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo y los consejos comunitarios Kusuto MaGende y José Prudencio Padilla y sus territorios.
“Estas sanciones que impone la JEP tienen sentido gracias a la sabiduría y a las luchas de los Pueblos Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada, quienes fueron especialmente afectados por quienes en su momento integraron el Batallón ‘La Popa’”, destacó el magistrado y presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.
“Superar el negacionismo que provoca más dolor”
Frente a este fallo histórico, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos celebró la sentencia y destacó que es clave para superar el negacionismo sobre graves violaciones de derechos humanos, que revictimizan a las víctimas y provocan más dolor en sus vidas.
“La articulación y la incorporación de los saberes propios y el diálogo con los sistemas propios de justicia étnicos en el marco de la justicia transicional resultan esenciales para la dignificación y restauración de sus derechos”, dijo Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La Oficina de la ONU reconoció el valor de las víctimas que, a pesar de enfrentar maltrato y rechazo, buscaron incansablemente limpiar el nombre y el honor de sus familiares. Además, se unió al llamado del Alto Comisionado Volker Türk al Gobierno de Colombia para que intensifique la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
En ese sentido, instó a tomar medidas legales, económicas, administrativas y de seguridad para asegurar que las sanciones se cumplan de manera efectiva, contribuyendo así a reparar a las víctimas y garantizar la seguridad jurídica de los responsables.
Subrayaron que, en la Sierra Nevada de Santa Marta, la creciente violencia afecta gravemente a los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, quienes exigen mayores esfuerzos institucionales para proteger sus derechos y evitar que se repitan estos hechos.
Por último, la Oficina reafirmó su compromiso de seguir apoyando a las víctimas y a la Jurisdicción de Paz, “con el fin de promover la rendición de cuentas por los graves crímenes cometidos durante el conflicto.”
La sentencia no implica cárcel. Los 12 exmilitares sancionados por la JEP trabajarán en seis proyectos restaurativos que fueron construidos con la participación de las víctimas. Los comparecientes iniciarán el cumplimiento de su sanción propia mediante el proyecto de TOAR “Plan Integral de Memorialización para la Costa Caribe”.
La implementación de estas sanciones será monitoreada in situ por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de Sanciones Propias de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, con apoyo de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.