Cancilleres de la CELAC rechazan despliegue militar de EE.UU. en el Caribe en cercanías de Venezuela

Este lunes, 1 de septiembre, se llevó a cabo la reunión de urgencia citada por la Cancillería de Colombia, en su calidad de Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para abordar el despliegue de tropas estadounidenses en el sur del Mar Caribe con el fin de combatir los cárteles de droga de la región designados como organizaciones terroristas.

Los ministros del Exterior de Colombia, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia, junto a otros representantes de los 33 países miembros de la CELAC, tomaron la palabra para rechazar la intervención militar del gobierno de Donald Trump y pedir que se resuelvan las tensiones por vía diplomática.

El canciller venezolano Yván Gil aseguró que la movilización de cinco buques de guerra y cuatro mil efectivos estadounidenses “no sólo viola la declaración de Zona de Paz de 2014, sino también el tratado de Tlatelolco”.

Los tratados a los que se refiere Gil son declaraciones que comprometen a los países de la región a resolver sus disputas de manera pacífica, respetando el respeto al Derecho Internacional, la soberanía nacional y la no intervención en asuntos internos, prohibiendo el uso de la fuerza en una zona libre de armas nucleares.

Gil afirmó que, si bien Estados Unidos no hace parte directa de estos tratados, firmó protocolos para respetar su integridad, y por tanto, “que hoy amenace con desplegar armamento nuclear en nuestras aguas es una burla a los acuerdos multilaterales y a la paz que hemos construido colectivamente”.

Al respecto, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, manifestó que: “Proteger la Zona de Paz de nuestra región no implica minimizar la gravedad del crimen organizado transnacional, significa enfrentarlo con instituciones, cooperación judicial y policial, y confianza mutua; no con amenazas militares que inevitablemente terminan generando implicaciones negativas para la seguridad humana, el comercio, el turismo y las economías de todos nuestros países”.

El “Cartel de los Soles”, la intervención estadounidense en el Caribe y las reacciones de los gobiernos latinoamericanos

Además de las operaciones adelantadas por Estados Unidos para combatir el narcotráfico, la administración de Donald Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien presuntamente lideraría un grupo dedicado a esta economía ilegal conocido como el “Cartel de los Soles”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, destacó el apoyo recibido por varios países de la región en relación con esta estructura, designada como organización terrorista por los gobiernos de Ecuador, Paraguay, Argentina o Guyana. No obstante, desde Caracas se desestima, incluso, la existencia de este cartel.

Durante la cumbre de la CELAC del lunes, el canciller venezolano Gil dijo que “se ha utilizado una narrativa falsa y grosera: la del llamado ‘Cartel de los Soles’” y defendió que su país es un territorio libre de cultivos ilícitos citando datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y el Departamento de Estado de EE. UU.: “El 87% del tráfico de cocaína que sale de Colombia utiliza la ruta del Pacífico. Solo un 5% intenta pasar por Venezuela y de ese porcentaje, el 70% es incautado por nuestras fuerzas”.

El canciller Gil añadió que “respaldamos todas las acciones que ha propuesto la República de Colombia en su carácter de Presidencia Pro Tempore y pedimos a toda la comunidad latinoamericana y caribeña, los 33 países que somos miembros de esta Comunidad, a dar un paso al frente en la zona en defensa de la Zona de Paz“.

Cuba fue uno de los países que se posicionó del lado de Venezuela. Su representante manifestó su rechazo a un “despliegue militar disfrazado de operaciones antidrogas”, que “recurre al chantaje, el acoso y la manipulación política contra nuestras naciones. La acusación contra el legítimo Gobierno de Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro, de haberse asociado con organizaciones criminales de tráfico ilícito de drogas constituye un pretexto absurdo que carece del fundamento”.