Inició legalización de predios en Villa Rosa, zona industrial de Cartagena

Los pobladores del asentamiento Villa Rosa ubicado en la Localidad 3, cerca al barrio 20 de julio, se encuentran llenos de expectativas y emoción por la puesta en marcha por parte de la Alcaldía de Cartagena y El Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Distrito, Corvivienda, del proceso de legalización urbanística que se inicia para su territorio.

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Con el Taller I de este espacio la comunidad pudo conocer cómo se desarrollan los procesos de legalización urbanística, los actores y las responsabilidades que tendrán cada uno de estos para que el proceso llegue a buen término.

Igualmente, en este encuentro se ratificó por parte de la comunidad que el nombre que llevará el asentamiento una vez legalizado seguirá siendo Villa Rosa. También se eligieron a quiénes representarán a la comunidad y serán un puente importante entre la población y el Distrito durante todo el proceso.

Villa Rosa se suma a otros asentamientos como Policarpa, Puerta de Hierro, Jorge Eliécer Gaitán, Bernardo Jaramillo Ossa y varios sectores de Nelson Mandela: Primavera, Villa Andrea, Los Deseos, Los Robles, 18 de Enero y Las Vegas.

La Administración reitera que la legalización Urbanística es un proceso de voluntades. “El Distrito, Corvivienda y el Concejo Distrital hemos escuchado a la comunidad, hemos mostrado la voluntad de organizar la casa. Para el éxito de este proceso será fundamental la voluntad y participación de toda la comunidad, así como del cumplimientos de los requisitos legales establecidos”, manifestó Gissela Román, gerente de Corvivienda.

Las familias habitantes de los asentamientos irregulares legalizados obtienen entre otros beneficios: Trámite de licencias de construcción o actos de reconocimiento de las edificaciones (La resolución de legalización hace las veces de licencia de urbanización), acceso a programas de mejoramiento de vivienda, inversión pública en programas de mejoramiento integral de barrios, incorporación de predios a la oferta inmobiliaria de vivienda, control del espacio público, saneamiento contable de las Entidades Públicas, garantía a los prestadores de los servicios públicos domiciliarios. ‎