En Hora20 el debate a los hechos que rodean a la Reforma Pensional. Lo que está pasando en la Corte Constitucional con un auto que todavía no llega, las demoras en la Cámara para enviar un informe al alto tribunal y la solicitud del Banco de la República, al tiempo que el Gobierno busca acelerar el proceso. Después, una mirada al panorama político: los movimientos en la izquierda, la convención del Pacto y las ideas que siguen rondando en la derecha.

Lo que dicen los panelistas

Ángela María Buitrago, exministra de Justicia, abogada, experta en derecho penal y profesora universitaria, explicó que desde 2013 en el auto 2001 de la Corte Constitucional se marcó la naturaleza de un comunicado de prensa en la Corte, “hoy no hay sentencia, sólo un comunicado que no es vinculante no es la sentencia y entonces no se sabe cuáles fueron las fallas que encontró la Corte en el trámite de la Reforma”. De otro lado, dijo que no hay sentencia y que hay disconformidad de magistrados con lo que se debatirá el 23 de julio. Consideró que bajo la valoración jurídica de que el comunicado no es sentencia, no había decisión jurídica que llevara a convocar extras, “no existía una decisión que obligara y esto significa que la base de la citación de extras se fundamente en una decisión inexistente”.

Manifestó que es problemático que se terminara el periodo legislativo y por lo tanto, se convoca de manera inmediata a extras, dejando de lado varios elementos, “el comunicado no es la fecha cierta, que es la que obliga en la sentencia”, además, dijo que el comunicado sólo adelanta una información.

Para Juan Pablo Estrada, abogado, experto en derecho público y profesor universitario, hay un coctel perfecto de equivocaciones y de vicios de vieja data de los intervinientes, “he reprochado el tema del comunicado y la providencia, cuando no hay providencia, hoy en día el exceso de comunicación lastima”. De otro lado dijo que hay una ligereza inexcusable con el que la Cámara ha manejado este tema, “es la única reforma que tiene unanimidad sobre su necesidad, pero se cometieron errores de trámite y la Corte le lanzó un salvavidas al Gobierno, pero no da indicación sobren los vicios a corregir, se apresuran las extras y se repiten defectos formales, pero las formas en el trámite legislativo son garantías”. Además, dijo que hay alto riesgo de que se cometieran de nuevo equivocaciones que pudieron viciar otra vez la Reforma, “es inexplicable que se culpen de que una cosa es lo debatido y otro lo señalado en la providencia y por eso hay dificultad en recoger las firmas”.

Por último, dijo que mientras que se dice que hay errores de varios, la postura del Gobierno es que el error es de otros, “falta autocrítica porque convocaron extras, hubo problemas en el debate, pero ahora hay zona gris que no le conviene a nadie”.

Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, recordó que la Corte envía un oficio, el 041 y es dirigido al presidente de la Cámara, al Secretario, al Secretario General y lo firma la Secretaría General, “esto no es un comunicado al aire, es un oficio ordena a la Cámara subsanar el trámite a raíz de la providencia, y ahí está lo que se debe hacer como los 30 días hábiles máximos y ordena al presidente de la Cámara rendir informe a la Corte y remitir copias de la plenaria”. También dijo que no es un problema de formalismo porque la Corte desde hace mucho tiempo hace lo mismo con las decisiones, “comunica y a los tres meses sale la sentencia; es la costumbre que tiene con todo y por eso el Congreso le hace caso a la Corte”.

En cuanto a la discusión con el presidente de la Corte, dijo que él no debe salir a medios a discutir la política, “pero en esa comunicación de Ibáñez queda claro que la Corte dice que comunicado es válido y que no han dado la sentencia. La sala tomó decisión, les tocó votar, pero la decisión está tomada”.

Para Daniel Valero, periodista y editor de política de El Espectador, la discusión sobre la reforma pensional se da en un momento de debate político y electoral, “se saca rédito y algunos dicen que esto es viciado y el Gobierno dice que los quieren fregar”. De otro lado, dijo que también hay versiones jurídicas encontradas, pues recordó que el ministro Montealegre ha dicho que se actuó en derecho, mientras otros juristas dicen que la reforma volvió a quedar viciada.

Sobre la Pensional, dijo que está suspendida en términos de aplicación, pero hay una estructuración estatal que sigue montándose, “pero hay otros casos como MinIgualdad que funcionará hasta 2026, entonces son limbos en los que no se sabe qué va a pasar”.