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Mesa de DD.HH. emite alerta y denuncia desatención a víctimas de deslizamiento en Granizal

El deslizamiento en la vereda Granizal, registrado el pasado 24 de junio, dejó 27 personas muertas y más de 1.900 damnificadas, según el reporte oficial.

Zona de emergencia en la vereda Granizal de Bello en límites con Medellín. Foto: Alcaldía de Bello.

Bello, Antioquia

La Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá emitió una alerta temprana en la que denuncia que las familias afectadas por el deslizamiento ocurrido en la vereda Granizal, en la zona limítrofe entre Medellín y Bello, estarían enfrentando una crisis humanitaria.

Según la organización, las personas damnificadas se encuentran en condiciones indignas en los albergues, sin garantías básicas de salud, y bajo presión para retornar a zonas de alto riesgo.

En un comunicado, la organización advierte que los damnificados fueron trasladados a alojamientos temporales sin condiciones mínimas de salubridad, lo que representa una amenaza directa a su salud y dignidad.

Entre los principales problemas que enfrentan se destacan la escasez de agua potable, la falta de medicamentos e insumos de higiene personal, y la amenaza de desalojos con presencia de la fuerza pública, sin ofrecerles opciones reales de reubicación.

“Es importante tener en cuenta que la población de Granizal es, en su mayoría, población vulnerable: personas víctimas del conflicto armado, indígenas, afrodescendientes, campesinos y migrantes venezolanos. Las circunstancias que atraviesan en las últimas semanas representan una re-vulneración a sus derechos fundamentales”, señala el comunicado.

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La Mesa de Derechos Humanos hizo un llamado urgente a las administraciones locales, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional para que trabajen conjuntamente en soluciones estructurales que garanticen el derecho a una vivienda digna, el acceso a agua potable y medicamentos, y que se garantice la presencia activa de organismos de control como las personerías de Medellín y Bello, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

“La vida de cientos de personas está en riesgo. Esta alerta busca activar mecanismos institucionales nacionales e internacionales para evitar que la crisis humanitaria que vive la comunidad de Granizal escale y derive en una tragedia mayor”, concluye el documento.

Más de 1.900 damnificados y 27 muertos tras la emergencia

El deslizamiento en la vereda Granizal se registró el pasado 24 de junio y dejó 27 personas muertas y más de 1.900 damnificadas, según el reporte oficial. Muchos de ellos permanecen en el alojamiento temporal Casa Betania Fe y Alegría, habilitado por la Alcaldía de Bello.

El 7 de julio, la alcaldesa Lorena González anunció que se estaban adelantando los trámites para entregar subsidios a 163 familias damnificadas, con apoyo económico por un mes y acceso a una oferta de vivienda.