Combos en tarima y Asamblea Constituyente, ¿más que provocaciones del Presidente?

En Hora20 el análisis a las provocaciones del presidente Petro... por un lado, la de Medellín al subir a la tarima a varios capos de los conocidos “combos” de la ciudad con los que se negocia la paz... el mensaje que se envía, la defensa que hace el Presidente de este acto y las consecuencias que tiene sobre las víctimas, la verdad y la justicia. Después otra provocación en medio de la sanción de la Reforma Laboral... la de una constituyente a través de una papelera en las próximas elecciones legislativas de marzo.

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Lo que dicen los panelistas

María Teresa Ronderos, periodista, columnista y directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, planteó que con el acto del sábado el presidente Petro lo que hace es provocar, “hay una presión grande con el marco jurídico que se lo han tumbado dos veces, hay unas negociaciones que no avanzan y no hay marco jurídico y no se pueden sentar solo rebajando penas y sin ley eso no avanza”. No obstante, dijo que lo ocurrido es un golpe porque es de lo poco que avanza en paz total, “hay una negociación viva y se conversa con tipos que dicen que están esperando y tiene resultado concreto de caída del 15% en violencia”. De otro lado, dijo que el Presidente compromete a los criminales delante de ciudadanía y organizaciones civiles.

También dijo que el Presidente como buen político sale a cobrar la caída de la criminalidad en Medellín como fruto del diálogo con los combos, “eso no se puede probar, pero la otra cosa donde no creo es que una cosa es la ley y otra la realidad, el crimen nos ha desbordado hace muchos años y por eso con los marcos y las negociaciones especiales”.

Gustavo García, exviceministro del Interior y abogado constitucionalista, planteó que no es un fenómeno nuevo ver a criminales sentados con el presidente de la república, “el diálogo es una cosa que se dé en un mismo momento, esto tiene fases, una cosa es la fase secreta, otra cosa es la implementación que debe tener marco jurídico y que atienda a la negociación que se hizo; se permite diálogo y se habla de negociación con criminales y no se habla de amnistías, sometimientos y falta de marco jurídico para aterrizar beneficios o no de las conductas de resarcimiento político”.

Rescató que hoy en día hay marco de diálogo y no de sometimiento y desarticulación porque no se ha llegado a acuerdos, “entonces para hablar de marco jurídico se debe volver a llegar a acuerdos de qué se quiere hacer y qué está dispuesta la sociedad”.

Ángela María Buitrago, exministra de Justicia, abogada, experta en derecho penal y profesora universitaria, explicó que el país ha pasado por contextos como el de la “silla vacía” durante la negociación con las Farc en el gobierno Pastrana, “tenemos reuniones públicas con grupos criminales, así como privadas. Esto es un tema que se debe mirar con responsabilidad suficiente para decir qué es lo que pasa con utilización de personas condenadas que se llevan a un evento público”. En esa medida, dijo que lo primero es que se debe ver es la ley 2272, marco de paz total que faculta y da derecho para hablar dialogar y negociar, “pero no para cambiar reglas o desconocer sentencias por jueces. Segundo, hay que decir que con esto es mostrar algún tema de mesas vigentes, pero es importante decir que es fundamental establecer mecanismos de control seguimiento y medición real de hechos criminales que se dan por descontado por los condenados”.

Explicó que no se puede negociar lo innegociable, “los condenados y con penas impuestas que están en cárcel son delincuentes condenados y que están purgando la pena que tiene visión de resocialización. Estas personas están bajo disposición de jueces e Inpec, ellos pueden ayudar a desmovilizar otras personas, pero no se benefician con ley 2272 porque no anula efectos de condena, son delincuentes y ahí podemos hablan de muchas calificaciones”.

José David Riveros, abogado, especialista en gestión pública y exsecretario de Gobierno de Bogotá, planteó que no es la primera vez que se negocia con criminales y que presidentes se han sentado con criminales, “la diferencia está en que otras negociaciones han sido de carácter político en marco de conflicto con un escenario en donde es difícil pasar las normas de sometimiento porque el gobierno y criminales piensan en negociación política y acá no se podría dar como las negociaciones guerrillas, es una negociación judicial de sometimiento. Eso es lo que debería haber y pues realmente es sorprendente que Petro el sábado invite a fiscal a empezar negociación cuando dice que lleva dos años negociando, ¿qué ha negociado cuando la fiscal es la que debería ir a negociar?”

También destacó que lo más dramático del sábado es una aceptación tácita de la incapacidad del Estado de tener nueve bandidos en cárcel y con esos mismos negocia porque sabe que el control de los que están afuera lo tienen los que están en la cárcel, “nueve bandidos con varios años en la cárcel tienen control de lo que pasa afuera y con ellos se negocia; se ejercicio es político y también hacia Fico y no está bien o mal, pero es un escenario que debemos saber, saber que Petro es muy bueno haciendo política”.

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Santiago Tobón, director del Centro de Valor Público y Profesor de Economía en la Universidad EAFIT, investigador en temas de violencia y crimen organizado, explicó que tras un censo de las organizaciones criminales en Medellín se han identificado dos niveles, “hay un nivel de 400 combos que son pandillas de barrio, droga, extorsionan y control territorial y en segundo nivel con 20 organizaciones que controlan combos de barrio y que ejercen gobernanza sobre los combos de abajo. Estas 20 bandas tienen entre ellas una especie de junta directiva, si se quiere como una coordinación interinstitucional y algunos líderes son los que estaban en la mesa con el presidente Petro”.

Destacó que el hecho de que el Presidente se siente con los jefes de los combos es un mensaje difuso sobre la situación de la ciudadanía sobre el Estado. “Estimamos que en Medellín hay 12 mil personas en estas organizaciones, la mayoría no tienen investigación, ni imputación, no tienen nada, entonces no hay interés en participar. No hay incentivos de parte del crimen organizado para participar de la organización. No hay agenda por parte del Estado, cuando se negocia toca saber qué le interesa a la otra parte y qué hay sobre la mesa, pero no sé qué saben sobre tamaño del negocio”.

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