Justicia

Corte confirma condena contra Maria del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno por chuzadas ilegales

La Sala de Casación resolvió un recurso de impugnación especial.

Corte confirma condena contra Maria del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno por chuzadas ilegales

Corte confirma condena contra Maria del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno por chuzadas ilegales

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra la exdirectora del DAS Maria del Pilar Hurtado Afanador y el exdirector del DAPRE Bernardo Moreno Villegas por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad ideológica en documento público.

Los funcionarios estuvieron inmersos en múltiples interceptaciones o mejor conocidas como chuzadas contra opositores políticos como el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, magistrados y periodistas entre el 2007 y 2008.

Hurtado y Moreno habían sido condenados inicialmente el 28 de abril de 2015, y el proceso regresó a la Corte Suprema para resolver el recurso de impugnación especial.

La investigación determinó que, entre 2007 y 2008, los exfuncionarios, aprovechándose de sus cargos, acordaron desplegar labores de inteligencia contra servidores públicos con el propósito de obtener información que luego filtraron a los medios de comunicación.

“El objetivo era desprestigiar ante la opinión pública a quienes la Presidencia de la República consideraba opositores políticos”, indica la Sala.

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En este contexto, el DAS infiltró la Corte Suprema de Justicia y ordenó la instalación de dispositivos para grabar las sesiones de Sala Plena.

De esta manera, obtuvieron información sobre las discusiones jurídicas que los magistrados sostenían en la antesala de decisiones cruciales en procesos que investigaban vínculos de congresistas cercanos a la Presidencia con grupos armados ilegales.

Cabe resaltar que el magistrado José Joaquín Burbano negó la solicitud de nulidad del proceso presentada por los exfuncionarios y declaró la preclusión de la actuación por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.

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