Justicia

PRIMICIA

Exdirectivos de Nueva EPS imputados por presuntamente ocultar facturas por más $70 mil millones

Los procesados no aceptaron cargos y la juez del caso negó la petición de enviar a tres de ellos a la cárcel porque la Fiscalía no supo sustentar dicha solicitud

EXDIRECTIVOS DE NUEVA EPS IMPUTADOS POR PRESUNTAMENTE OCULTAR FACTURAS POR MÁS $70 MIL MILLONES

EXDIRECTIVOS DE NUEVA EPS IMPUTADOS POR PRESUNTAMENTE OCULTAR FACTURAS POR MÁS $70 MIL MILLONES

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Exdirectivos de Nueva EPS imputados por presuntamente ocultar 14 millones de facturas por más $70 mil millones de deuda con las IPS

EL DATO DE JOSE ANDRES

La Fiscalía imputó cargos al expresidente de la Nueva EPS José Fernando Cardona Uribe, y a otros tres exdirectivos por el caso de presunto ocultamiento de facturas y la desviación de $70.500 millones de deuda con las IPS.

A José Fernando Cardona Uribe, quien fue el presidente de Nueva EPS entre 2009 y principios de 2024, le imputaron los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y peculado por apropiación.

A Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente financiero; Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad; y Fabio Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas, les imputaron los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud.

“Se tiene que, entre 2019 a 2023 se dejó de procesar alrededor de 14 millones de facturas que había sido expedidas por las diferentes IPS con las que la Nueva EPS había sostenido algún tipo de relación contractual. Ese es el marco, esa es la muestra que tiene la Fiscalía General”.

El no procesamiento de la totalidad de la facturación radicada ante la Nueva EPS generó una distorsión en la información que se consignó en los estados financieros, reflejando una utilidad artificial para evitar la atención de la Supersalud.

Dice la Fiscalía que, en los estados financieros firmados tanto por el entonces presidente como por el gerente de contabilidad, reportaron una actividad económica distinta a la que realmente tenía la Nueva EPS, presuntamente, hicieron creerle a la Supersalud que todo estaba bien y que esa EPS reunía las condiciones estables para continuar prestando el aseguramiento a los afiliados, cuando la realidad era diferente.

“Pese a que los indicadores financieros en la realidad señalaban una pérdida millonaria año tras año, esta situación nunca fue puesta en consideración de esta última entidad, ya que, de haberse hecho, la Nueva EPS en cabeza del señor José Fernando Cardona Uribe, hubiese sido objeto de intervención hace mucho tiempo atrás como en efecto ocurrió en 2024”.

El fiscal anticorrupción de este caso dijo en la audiencia que, la entonces junta directiva, presuntamente, maquilló los estados financieros de la Nueva EPS para engañar a la Supersalud y evitar una intervención como la ocurrida a inicios de 2024. Es decir, habría presentado información falsa para desviar recursos de la salud por más de $70 mil millones

“Se tenían indicadores negativos y pese a ello, suscribió y presentó estados financieros con información falsa y se solicitó autorización de disponer de un recurso con el que no contaba y aun así, se apropió en favor de la EPS de la suma de $70.566 millones en favor, no solo de los accionistas mostrando eficiencia en gestión, absorbiendo pérdidas y de contera incrementando o manteniendo el patrimonio de la EPS durante los años 2019 a 2023. Señor Jose Fernando, usted como representante legal de la EPS y como ordenador del gasto y persona activa en el manejo de la EPS le correspondía poner en conocimiento a la asamblea y la junta directiva la verdadera situación económica de la EPS y usted no lo hizo, por el contrario, aprovechó su posición para, no solo engañar a la asamblea y a la junta directiva, sino para defraudar al sistema de salud con el único propósito que era que la Nueva EPS se mantuviera en el sistema”.

Los procesados no aceptaron cargos y la juez del caso negó la petición de la Fiscalía de enviar a tres de ellos a la cárcel porque el fiscal no supo sustentar dicha solicitud. No demostró que puedan obstruir la justicia, que sean un peligro para la sociedad.

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