Denuncian irregularidades en concesión de la vía BTS: devuelven tramo, pero retienen peajes
Concesionaria devolvió 87 km de vía, pero retuvo los peajes y no ha cumplido con el mantenimiento, generando un posible detrimento patrimonial que será investigado en el Congreso.
El representante a la Cámara Wilmer Castellanos denunció que, en 2021, el Gobierno Nacional firmó un otrosí con la concesionaria BTS, mediante el cual se permitió la reversión de 87 kilómetros de los más de 200 que originalmente estaban concesionados.
Tunja
Un nuevo debate de control político en el Congreso de la República puso en evidencia una posible irregularidad en la administración de la concesión BTS, que, a pesar de haber devuelto el 45% de los kilómetros inicialmente concesionados, continúa manejando el recaudo de los peajes asociados, generando sospechas de detrimento patrimonial.
El representante a la Cámara Wilmer Castellanos denunció que, en 2021, el Gobierno Nacional firmó un otrosí con la concesionaria BTS, mediante el cual se permitió la reversión de 87 kilómetros de los más de 200 que originalmente estaban concesionados. Sin embargo, a pesar de que estos tramos volvieron a ser responsabilidad del Instituto Nacional de Vías (Invías), la concesionaria mantuvo el control sobre tres peajes estratégicos de la vía, incluido el de Albarracín, que genera ingresos millonarios.
Graves afectaciones a la infraestructura vial
El representante denunció que la falta de mantenimiento en los tramos revertidos ha generado un alto deterioro en la vía, afectando sectores clave como Villapinzón, Ventaquemada y Tuta, además de los pasos urbanos de Sogamoso. Según la denuncia, estos son precisamente los sectores que presentaban más problemas cuando fueron entregados nuevamente al Estado.
“El concesionario dejó de hacer mantenimiento a los tramos que devolvió, y ahora el costo de esas reparaciones lo asume el Invías con recursos públicos. Para colmo, la concesionaria se había comprometido a aportar $20.000 millones anuales para el mantenimiento de la vía, pero desde 2021 no ha girado ni un solo peso de esa obligación”, afirmó el congresista.
Frente a esta situación, el Gobierno destinó recientemente $50.000 millones para la reparación de los 87 kilómetros devueltos, pero Castellanos advirtió que estos recursos son insuficientes, especialmente si se compara con el dinero que sigue recaudando la concesionaria en los peajes.
Exigencias y posible acción judicial
El representante anunció que está preparando un nuevo debate de control político para esclarecer estas irregularidades y presionar por soluciones concretas antes de finalizar el periodo legislativo en junio. También afirmó que se están estudiando acciones judiciales para exigir que los recursos captados por los peajes sean reinvertidos en las vías afectadas, tal como lo establece la ley.
“La ley 155, en su artículo 25, es clara: el 50% de lo recaudado en los peajes debe reinvertirse en la vía donde se genera el cobro. Sin embargo, en varias vías del país, incluyendo la Transversal de Boyacá y la vía Tunja–Arcabuco, esto no se está cumpliendo”, señaló Castellanos.
El congresista insistió en que el problema no solo afecta a Boyacá y Cundinamarca, sino que compromete la conectividad de toda la región centro-oriente del país, incluyendo los Santanderes y la salida a la costa Atlántica.
“Los colombianos no pueden seguir pagando peajes sin que esos recursos se reflejen en el mantenimiento y mejoramiento de las vías. Vamos a hacer seguimiento hasta las últimas consecuencias, porque esto es indignante y va en contra del bienestar de los ciudadanos”, concluyó Castellanos.
