Corte admite demanda que busca tumbar facultades de la JEP porque “abre la puerta a la impunidad”

JUSTICIA

La Corte Constitucional admitió una demanda de los negociadores que lograron el Acuerdo de Paz, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo Caro, que busca limitar las competencias de la Justicia Especial para la Paz en la investigación de los “segundos” responsables en el conflicto armado colombiano.

La demanda de inconstitucionalidad es contra la Sentencia Interpretativa 5 del 17 de mayo de 2023 (SENIT 5) emitida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz (SA).

Esta sentencia en pocas palabras permite la selección de segundo orden por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) a los actores que no son directamente responsables del conflicto armado. Los enfrenta en un juicio adversarial y luego los sanciona.

“Tal potestad permite a la SDSJ priorizar y seleccionar a partícipes no determinantes de graves crímenes cometidos en el marco del conflicto armado que hacen aportes insuficientes de verdad y no reconocen responsabilidad, y remitirlos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) con el fin de que sean sometidos a juicio adversarial y, eventualmente, sancionados, pese a que no fueron inicialmente seleccionados por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR)”, indica la JEP.

¿Por qué se demanda esta sentencia de la JEP?

Para los demandantes, esta sentencia de la JEP se aparta del foco de juzgar a los máximos responsables y le abre la puerta a la impunidad.

“Sorprende y preocupa de sobremanera que el modelo de justicia transicional, que se creó con el Acuerdo de 2016 para asegurar un máximo de justicia en una transición a la paz, se esté convirtiendo por vía de la SENIT 5 en lo que desde un inicio se quiso evitar: impunidad de facto, al perder el foco sobre los máximos responsables y ampliar la judicialización a quienes no deberían ser objeto de esta”

Cargos admitidos por la Corte Constitucional:

• Violación del principio de legalidad en cuanto a la asignación de competencias a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz.
• Violación del principio de legalidad en cuanto a la creación de la categoría dogmática intermedia entre la máxima responsabilidad y la participación no determinante, por no estar prevista en el marco normativo de la JEP.
• Violación del del derecho al debido proceso y del marco constitucional del régimen de condicionalidad.

Esta demanda cobra relevancia pues la interponen Humberto de la Calle, quien fue jefe del equipo negociador que logró el Acuerdo de Paz con las FARC, mientras que Sergio Jaramillo fue comisionado de Paz en este mismo proceso y en la actualidad es director de la Fundación Acordemos.