Defensoría del Pueblo alertó crisis humanitaria en Nordeste, Suroeste y Bajo Cauca de Antioquia
Por el desplazamiento forzado de más de 300 personas en el departamento debido a enfrentamientos entre grupos armados, la Defensoría pidió al Gobierno Nacional tomar medidas urgentes.
Defensoría del Pueblo alertó crisis humanitaria en Antioquia.
Antioquia
La Defensoría del Pueblo alertó una crítica situación de derechos humanos que afecta a las subregiones del Norte, Nordeste, Suroeste y Bajo Cauca en Antioquia, así como al Sur del departamento de Bolívar. Según el comunicado, los enfrentamientos armados entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las disidencias del Frente 36 y el ELN han incrementado las infracciones al derecho internacional humanitario, dejando a la población civil en condiciones graves de seguridad.
Los hechos violentos ocurridos en el municipio de Briceño, donde la Defensoría señaló que los choques entre el EGC y las disidencias de las FARC han provocado el desplazamiento de 58 familias (135 personas) del corregimiento Pueblo Nuevo, además de el desplazamiento de 42 familias (154 personas) de la vereda Bocas de Chicamoqué, 50 familias de la vereda El Socorro y 4 familias de la vereda La Ahumada en el municipio de El Bagre, son una de las más preocupantes crisis de derechos humanos y de seguridad en el departamento para el organismo.
Además, se indicó que en el Suroeste de Antioquia, en el municipio de Jericó, los enfrentamientos recientes entre el EGC y grupos de criminalidad organizada han llevado a la intervención del Ejército, incluyendo la captura de un mando del EGC, evidenciando la expansión del grupo hacia territorios donde previamente no tenía una presencia dominante, según la Defensoría del Pueblo.
El comunicado también destacó que el asesinato de dos mujeres secuestradas el 23 de enero, cuyos cuerpos fueron hallados en la vía al corregimiento Loma de Ochalí, en Yarumal; está siendo investigado como un presunto feminicidio.
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Solicitudes al Gobierno Nacional
El organismo resaltó que la presencia territorial del EGC ha aumentado un 62% en los últimos años, consolidándolo como el grupo armado ilegal con mayor expansión en el país. Frente a esta preocupante realidad, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno Nacional para que:
1. Implemente medidas efectivas de seguridad territorial, garantizando el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
2. Active espacios de articulación, como los Comités de Justicia Transicional, para garantizar el retorno seguro de las familias desplazadas.
3. Fortalezca las acciones de prevención y respuesta ante la violencia contra las mujeres, adoptando un enfoque diferencial.
4. Garantice justicia en los casos de homicidio reportados y brinde una atención humanitaria continua y adecuada para las comunidades afectadas.
La Defensoría del Pueblo reiteró la urgencia de tomar medidas concretas y eficaces para mitigar la actual crisis humanitaria y proteger a las poblaciones más vulnerables en el departamento de Antioquia.
