Internacional

La CIDH solicita una revisión independiente del proceso electoral en Venezuela

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Roberta Clarke, menciona que la falta de transparencia en los resultados de las elecciones es una consecuencia directa de “una profunda descomposición institucional”

AME5214. CARACAS (VENEZUELA), 07/11/2024.- Varias personas se manifiestan para solicitar la libertad de sus familiares detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, este jueves frente al Palacio de Justicia, en Caracas (Venezuela).

AME5214. CARACAS (VENEZUELA), 07/11/2024.- Varias personas se manifiestan para solicitar la libertad de sus familiares detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, este jueves frente al Palacio de Justicia, en Caracas (Venezuela). / Miguel Gutiérrez (EFE)

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Roberta Clarke, ha exigido al gobierno de Venezuela la publicación de las actas de las recientes elecciones y ha solicitado una revisión independiente del proceso electoral. “Lo que ocurrió y sigue ocurriendo en Venezuela este año no debe ser aceptado ni normalizado”, afirmó Clarke en una rueda de prensa.

Clarke subrayó que la falta de transparencia en los resultados de las elecciones del 28 de julio es una consecuencia directa, según ella, de “una profunda descomposición institucional” y una clara evidencia de que la democracia en Venezuela ha sido desmantelada.

Por su parte, Gloria de Mees, relatora para Venezuela y comisionada de la CIDH, reiteró la urgencia de liberar de manera inmediata a todos los prisioneros políticos y a las personas detenidas arbitrariamente.

Entre el 28 de julio y el 13 de agosto, organizaciones de la sociedad civil documentaron al menos 1.393 detenciones, de las cuales 182 correspondieron a mujeres, 117 a adolescentes, 17 a personas con discapacidad, 14 a indígenas y 7 a periodistas. El gobierno, sin embargo, reportó una cifra mucho mayor, afirmando que 2.000 personas fueron detenidas durante las protestas.

“Las personas detenidas enfrentan cargos criminales basados en delitos vagamente definidos que conllevan sanciones excesivamente severas. Estos cargos, incluyendo incitación al odio, terrorismo, conspiración, traición, asociación delictiva, resistencia a la autoridad, obstrucción de vías y desobediencia”, explica Mees.

La CIDH también ha expresado su preocupación por la situación de 69 adolescentes, entre ellos un menor autista, que continúan privados de libertad tras ser detenidos en relación con las manifestaciones. Estas personas han sido etiquetadas como “terroristas” por las autoridades y se encuentran recluidas en instalaciones de detención junto a adultos, a menudo sin la debida separación por género.

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