Ecuador implementará apagones nocturnos de ocho horas a nivel nacional y teletrabajo en el sector público para enfrentar la peor sequía de los últimos 60 años que amenaza a sus centrales hidroeléctricas, informó el martes el gobierno.

Las medidas de ahorro de energía se aplicarán ante “el peor estiaje de los últimos 61 años y con la finalidad de manejar de forma responsable el control de nuestro sistema eléctrico”, anunció la presidencia en un comunicado.

Señaló que por esta novedad climática que afecta a los embalses de varias hidroeléctricas, principal fuente de suministro, los racionamientos de ocho horas se harán en todo el país desde las 10pm hasta las 3am a partir del lunes 23 y jueves 26 de septiembre.

“El horario de corte establecido ha sido escogido con la finalidad de generar el menor impacto posible en las actividades productivas y el desarrollo de jornadas laborales”, señaló el Ejecutivo.

De acuerdo con la Cámara de Comercio del puerto de Guayaquil, Ecuador, pierde cerca de 12 millones de dólares por cada hora de apagón.

El gobierno agregó que también impondrá el teletrabajo en el sector público el jueves y viernes de esta semana y de la próxima.

Durante esas ocho horas, se impondrá un toque de queda en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, El Oro, Orellana y la localidad de Ponce Enríquez (Azuay), que están bajo estado de excepción desde el 30 de agosto por la violencia del narcotráfico.

Antecedentes a esta decisión

A causa de la sequía, Ecuador sufrió racionamientos de electricidad de hasta 13 horas diarias en abril.

En junio se produjeron nuevos cortes porque las lluvias generaron la acumulación de sedimentos que pusieron en riesgo la represa de Mazar, en el sur andino y que abastece de agua a un complejo de tres centrales hidroeléctricas.

El 7 de septiembre, un “error humano” ocasionó un sorpresivo apagón en varias provincias.

El sector eléctrico ecuatoriano fue declarado en emergencia en abril debido a los bajos caudales en los ríos.

Actualmente, Ecuador afronta un déficit energético de unos 1.000 megavatios, de los cuales al menos 100 serán cubiertos con una barcaza de generación contratada por el gobierno.