Excomandantes FARC que no reconozcan responsabilidad por secuestros irán a juicio: JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz o JEP imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a siete exintegrantes del Bloque Noroccidental (BNOCC) de las extintas FARC-EP por el caso 01, conocido como secuestro.

Este bloque, que operó en Antioquia, norte del Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda, llegó a tener 3.145 combatientes y 923 milicianos. Según estableció la Sala de Responsabilidad, fue la segunda estructura de esta guerrilla que más secuestros perpetró en el país.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Julieta Lemaitre Ripoll, magistrada y presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP se refirió al proceso que enfrentarán los comparecientes en esta jurisdicción y su futuro en caso de reconocer su responsabilidad en los más de 300 secuestros de personas, entre ellas, el exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y el exconsejero de paz Gilberto Echeverri.

De acuerdo con la magistrada, desde el 2022 el antiguo secretariado de las FARC aceptó responsabilidad por la política nacional de secuestro y desde entonces, desde esta sala se ha realizado un proceso regional con los comparecientes que tuvieron mando en diversas regiones para conocer su versión voluntaria individual y colectiva. También con la de las víctimas a través de sus abogados que han realizado observaciones a las distintas versiones de los hechos.

En el marco de este proceso la JEP ya efectuó imputaciones al Comando Conjunto Central del Tolima, del Bloque Occidental en Cauca y Valle del Cauca y ahora avanza con el Bloque Noroccidental:

“Los conteos de secuestros son complicados, pero en todos los conteos que hay, el 25%, el 26%, el 25% y el 27% que cometió las FARC en todo el país fueron cometidos por el Bloque Noroccidental. A la JEP han venido a participar 4 mil víctimas de secuestro en todo el país por 1.200 hechos de los cuales más de 300 fueron en esta zona”.

El caso del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y su exconsejero fue uno de los primeros informes que recibió la JEP sobre el secuestro, junto al de 8 militares que estaban con ellos, “los comparecientes reconocieron que todos fueron asesinados con tiros de gracia es decir, estando indefensos en una operación de rescate del Ejército porque la guardia tenía la orden superior en caso de intento de rescate del Ejército asesinarlos y así sucedió, sobrevivieron tres militares que quedaron muy heridos”.

Esclavitud en los secuestros

En el caso 01, la JEP también estableció que el antiguo secretariado de las Farc-EP fue responsable del crimen de esclavitud como parte de un ataque generalizado y sistemático. La magistrada ratificó que en esos casos las víctimas fueron forzadas a realizar trabajos en contra de su voluntad ya sea como castigo, control territorial o para favorecer a la organización:

“Nosotros hemos documentado en casi todo el país trabajos forzados y los comparecientes pusieron los campos forzados e incluso el último secretario reconocen que muchos sitios del país donde las tenía el control del territorio obligaban a las personas a hacer trabajos forzados por diferentes motivos. En algunas ocasiones por necesidad por ejemplo, que el comandante quería hacer un camino que tenía una finca, pero en la gran mayoría de las ocasiones era una forma de castigo a los pobladores locales por desobedecer a la guerrilla o a las normas que imponía la Junta de Acción Comunal que se apoyaba en la guerrilla”.

¿Qué pasará si no admiten la responsabilidad?

Según la explicación de Lemaitre existen dos rutas para los imputados de la JEP. En primer lugar, ninguno de los comparecientes de las FARC está obligado a reconocer su participación, por lo que al igual que en la justicia ordinaria todos tienen derecho a ser llevados a juicio para determinar su culpabilidad o no.

En caso de que aceptan culpabilidad, serán sancionados con un proceso restaurativo donde darán la cara a la justicia, a las víctimas y al país, “reconocen su responsabilidad por los crímenes cometidos y el daño hecho de frente a las víctimas que así lo quieran”. De lo contrario, el caso llegará a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), los comparecientes serán llevados a juicio y en caso de ser hallados responsables de los crímenes podrían pagar hasta 20 años de cárcel.

Así las cosas, los siete imputados tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o rechazarlas, desde su notificación. También pueden responder aportando argumentos o evidencia adicional.