Justicia

Agentes de la policía fueron destituidos por la muerte de 3 jóvenes en Sucre

Los policías habrían abusado de su autoridad en medio de un operativo policial en el corregimiento de Choncó.

Uniformado de la Policía Nacional de Colombia (Foto vía GettyImages)

Uniformado de la Policía Nacional de Colombia (Foto vía GettyImages) / Long Visual Press

La Procuraduría General de la Nación determinó, tras una investigación de un operativo policial en Sucre, en el corregimiento de Chonchó, que nueve oficiales de la Policía Nacional serían destituidos e inhabilitados por ser responsables de la muerte de 3 jóvenes.

Según describió los hechos el Ministerio Público, integrantes del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia requirieron a tres jóvenes identificados con los nombres de Carlos Alberto Ibáñez Mercado, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo Contreras, para llevarlos en un vehículo de la policía a un hospital por tener lesiones en sus cuerpos.

Sin embargo, “Durante el trayecto desde el lugar antes citado hasta la clínica María Reina, de la ciudad de Sincelejo, recibieron varios impactos con arma de fuego por parte del oficial Benjamín Darío Núñez Jaramillo, Teniente Coronel (hoy retirado). Los referidos capturados fueron declarados muertos en el centro médico citado”.

Tras la investigación, la Procuraduría determinó el pasado 23 de agosto de 2024 que Nuñez, en calidad de comandante, era responsable disciplinariamente por el delito de homicidio, y por lo tanto destituyó e inhabilitó al uniformado durante 19 años, lo cual implica que no podrá ejercer ningún cargo de función pública durante ese tiempo.

Por otro lado, el ente de control también encontró responsables al “Mayor Cristian Alberto Betancur Salamanca y a los siguientes suboficiales, con cargo de patrulleros: Eduar de Jesús de la Rosa Juez, Santiago Garavito Díaz, Rafael Paz Barboza, Uber Guillermo Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Diana Marcela Puerta Rodríguez, Leila Carolina Ávila Pestana”.

A dichos oficiales se les señaló de “No haber protegido en su vida e integridad a los civiles capturados que resultaron muertos con ocasión del procedimiento policial”, y, por ello, la Procuraduría decidió destruirlos e inhabilitarlos entre 11 a 15 años.

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