Chavismo: observadores de ONU e Instituto Carter son basura
El jefe del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, criticó las conclusiones de los observadores electorales y propuso prohibir la observación extranjera en futuras elecciones.
El jefe del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, criticó las conclusiones de los observadores electorales y propuso prohibir la observación extranjera en futuras elecciones. (Foto: Getty / Caracol Radio )
Luego de que un panel de expertos de Naciones Unidas publicara un informe en el que advierte que la autoridad electoral de Venezuela incumplió medidas de “transparencia e integridad” en las presidenciales del 28 de julio y de que el Instituto Carter, también invitado a observar la elección, advirtiera de irregularidades durante la jornada, el chavismo reaccionó descalificando a ambos grupos de observadores.
El jefe del Parlamento, el dirigente oficialista Jorge Rodríguez, tildó a los especialistas de “basura” y propuso prohibir la observación de “extranjeros” en futuros comicios en este país caribeño.
“Venezuela rechaza de manera categórica” el informe, “el cual difunde una serie de mentiras”, respondió la cancillería en un comunicado. “Representa un absoluto acto imprudente que mina la confianza en los mecanismos diseñados para la cooperación y asistencia técnica”, agregó.
“Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabra, porque firmaron (un acuerdo) diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el poder electoral de Venezuela y el secretario general de Naciones Unidas (Antonio Guterres)”, rechazó Rodríguez en una sesión de la unicameral Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno.
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Mayor aislamiento
El legislador planteó “una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición” sobre comicios. “¿Por qué tienen que venir?, ¿A cuenta de qué?”, continuó.
Las palabras de Jorge Rodríguez se produjeron en una sesión en la que el Parlamento abordaba un controversial paquete de leyes para reforzar penas por “delitos de odio” y regular el funcionamiento de las oenegés y de las redes sociales, iniciativas que activistas temen que limiten los derechos civiles.
El debate de la ley para la regulación de onegés, iniciado el 21 de mayo, fue retomado este martes en segunda y definitiva discusión, pero fue suspendido cuando la aprobación fluía con velocidad. El motivo: la redacción de un artículo.
El paquete incluye, además, una ley contra el “fascismo”, término con el que el gobierno suele referirse a sus detractores, que a partir del miércoles entra en fase de consulta pública, previa a la segunda discusión.
Ese proyecto de ley plantea la ilegalización de partidos políticos y multas de hasta 100.000 dólares para empresas, organizaciones o medios que financien actividades o difundan información que “incite al fascismo”.