Medellín, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación informó que formulará cargos al funcionario de carrera administrativa Víctor Manuel Quiroz Betancur, quien estaba adscrito a la Secretaría de Comunicaciones de Medellín, en el año 2023, por permitir una adición presupuestal presuntamente injustificada en un contrato entre la Alcaldía de Medellín y el canal local Telemedellín.

“... Este despacho considera que la adición al mencionado contrato no se justificó adecuadamente con lo planeado en el documento de estudios previos, lo que permite inferir con probabilidad de certeza que, el investigado desconoció el principio de planeación que regula los procesos estatales de contratación”, asegura el oficio

Estos recursos hicieron parte de un contrato de prestación de servicios de publicidad, que al llegar al canal Telemedellín, fueron girados a la empresa de servicios temporales Maxempleos, donde, según información obtenida por Caracol Radio, se tenía una nómina fantasma, de personas que NO laborarían en el canal local, pero que recibirían salario, pese a que estaban en otras actividades, como el exjefe de prensa del desaparecido Partido Independientes Camilo Andrés Pedraza (Quien posteriormente, en un video, aseguró que él cumplía funciones desde Bogotá, contrario a lo que informó inicialmente) o acompañando campañas políticas de los candidatos del hoy movimiento, tanto a la gobernación de Antioquia como a la Alcaldía de Cali.

El contrato cuestionado entre la Alcaldía de Medellín y Telemedellín es de 12.406 millones de pesos, de los cuales se destinaron 10.900 millones de pesos. La Procuraduría indaga, además, porque se contrató directamente con Telemedellín, cuando el canal local no tenía capacidad para ejecutar el contrato y por lo tanto tuvo que recurrir a una empresa de servicios temporales.

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Exonerados

En la misma decisión, la Procuraduría General de la Nación informó que exonera de esta investigación a los exsecretarios de comunicación Juan José Aux Trujillo y Clara Inés Izquierdo Jiménez, además del funcionario Juan Carlos Gómez Henao.

“Revisado el cuerpo de los estudios previos, se observa que, en dicho documento se citaron las normas que fundamentaron la modalidad de contratación escogida, entre dichas normas se encuentran el articulo 2 numeral 4 literal C de la Ley 1150 de 2007, modificada por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.4.4. deI Decreto 1082 de 2015″, señaló la Procuraduría en su decisión.