Defensoría del Pueblo exige respeto por la vida de la comunidad indígena en Pueblo Rico
Los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública en el corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, llevaron a la Defensoría del Pueblo a hacer un llamado para la protección de la vida.
Pereira
Tras los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública en la zona rural de la vereda Agüita, en el corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, se exigió el respeto por la vida y la tranquilidad de la población civil y comunidad indígena del Resguardo Gito Dokabú, por parte de la Defensoría del Pueblo.
Estos actos de violencia han generado una preocupación por la seguridad y la vulnerabilidad de los habitantes locales, principalmente de niñas, niños y adolescentes indígenas que se encontraban recibiendo clases en medio de la confrontación armada. La guardia indígena tuvo que intervenir para la evacuación segura en la institución.
Leonardo Gómez, como defensor del pueblo de Risaralda, hizo un llamado ante esta situación registrada, donde pidió que la población no se vea afectada en estos enfrentamientos, además de solicitar a la presidencia de la república un accionar frente a las garantías de los derechos de la población y el respeto por la vida.
Leonardo Gómez
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Como entidad garante de los derechos, se enfatizó en que es una violación de los derechos fundamentales de los indígenas y una situación alarmante de vulnerabilidad para estos grupos, caracterizados como sujetos de especial protección.
Específicamente este incidente se muestra como la materialización de la Alerta Temprana de inminencia 043-18 emitida por la Defensoría del Pueblo, la cual advierte sobre la amenaza latente y, por ende, la necesidad urgente de adoptar medidas de protección y prevención para amparar los derechos humanos de la población indígena en el municipio de Pueblo Rico.
Fue así como la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los grupos ilegales ubicados en la zona para que cesen toda forma de violencia que ponga en riesgo a la población civil y, especialmente, a los sectores más vulnerables como los indígenas. De igual manera, se reitera fortalecer las medidas de seguridad en la región y garantizar la protección integral de las comunidades afectadas.