Ley estatutaria en educación: entre el consenso y las críticas de Fecode

En Hora 20 continuamos con los temas de país, hoy con un segundo especial sobre educación a propósito del paro convocado por Fecode para exigir el desmonte de la ley estatutaria en educación, que para el sindicato el proyecto tal como está hoy y después de los acuerdos de la semana pasada, plantean que se perdió la esencia y que está en riesgo el derecho fundamental a la educación.

También una mirada a la educación superior, las crisis que enfrenta y los retos de cara a la inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial.

Lo que dicen los panelistas

Para Martha Rocío Alfonso, ejecutiva de Fecode, el derecho fundamental a la educación lo debe garantizar el Estado, no el Estado y los privados, “ellos participan en el desarrollando apuestas, pero el garante es el Estado”.

Resaltó que lo mixto deja ambigüedad en la ley estatutaria “una cosa es la educación pública donde debe ir dineros públicos y los privados desarrollarlo, pero los recursos no se deben desviar hacia los privados”. Además, dijo que, si bien no niegan la educación privada, debe haber garantía del derecho y los recursos.

Sobre la evaluación docente, dijo que el sistema que se tiene no ha servido para reformar la educación y que no se puede comparar la experiencia docente en Bogotá frente a lo que ocurre en otras regiones del país, “buscamos un sistema grueso de evaluación docente y mirar para qué ha servido y para qué no”.

Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes, señaló que el acuerdo por la educación es indispensable en el país en un contexto de alta desigualdad, “el acuerdo entre el Ministerio, el Congreso y el sector es importante y hay que tratar de protegerlo”.

Detalló que esta es una ley marco que entra en demasiado detalle, cuando realmente debe ser un marco filosófico que defina las garantías para acceder al derecho fundamental, “la garantía se da a través del sistema mixto y así lo define la Constitución”, pues comentó que no ve por qué se confunde la garantía por parte del Estado, “que en este caso se garantizó a través de la educación oficial y no oficial, cuando ambos son un servicio público”.

Sobre la educación terciaria, dijo que representa la capacidad del estudiante de elegir, “nuestra productividad es baja, hay alta desigualdad, están los jóvenes que no estudian ni trabajan, entonces se debe garantizar mínimos de calidad de vida y la educación terciaria representa formas de florecimiento que dan calidad de vida”.

Sin embargo, dijo que en el país la educación técnica, tecnológica y de formación para el trabajo no ha sido de la mejor calidad en el país, “hay un círculo vicioso que no genera empleabilidad y no hay oportunidades como sí ocurre en Alemania y Brasil donde los sistemas están diseñados para que estructura productiva coincida con la oferta educativa”.

Alejandro Álvarez, viceministro de Educación Superior, recordó que el espíritu de la propuesta inicial tenía la propuesta de que es el Estado el que garantiza el derecho fundamental a la educación y plantea que los recursos públicos se destinan con prioridad a la educación pública, “es importante la idea de que el Estado debe fortalecer la educación pública de calidad, infraestructura adecuada, maestros idóneos, garantías de acceso, permanencia y graduación”.

También manifestó que el tema de quien garantiza el derecho fundamental debe ser el Estado, “queremos un acuerdo para que se diga que la educación es pública y privada y ver cómo logramos definir la forma como se financia la educación”.

De otro lado, dijo que es injusto decir que el Estado no ha querido invertir en educación superior, “la Ley 30 dejó una barrera para que el Estado invirtiera, llevamos 30 años secando la educación superior pública; se ha empobrecido”, con lo cual, manifestó que lo que trata de reversar y de resolver es el problema de financiación de la educación superior pública, “la educación técnica y tecnológica es subvalorada porque el Estado no logra llegar a los jóvenes más necesitados”.

Por último, dijo que el gobierno cree que sí hay que llevar educación para el trabajo, técnica tecnológica, pero diferenciando los sistemas.

Para Francisco Cajiao, licenciado en Filosofía y magister en Economía, exrector de la Universidad Pedagógica y columnista en El Tiempo, hay un sofisma con la defensa de educación pública como si la Constitución no hubiera definido que es un servicio público, “otra cosa es que el servicio lo presten privados.

El Estado lo garantiza en la medida que hay inspección y vigilancia”. De hecho, explicó que hoy el 80% de la educación básica es estatal, la ofrece el Estado y son colegios oficiales, “en la básica son pocos los recursos que fluyen de lo público hacia lo privado”.

También comentó que desarrollar una universidad es un tema de décadas y no de años cortos, “la Universidad Nacional recibe solo el 10% de los estudiantes que aspiran cada año, ¿qué pasa con el 90% restante? ¿qué va a hacer el Estado?”

Sobre el tema de evaluación docente, dijo que una cosa es lo que hay en la estatutaria y un énfasis en calidad, “no basta con el cupo para decir que se garantiza el derecho a la educación, esto se garantiza cuando se aprende”.

Alfredo Deluque, senador de la república por el Partido de la U, comentó que este proyecto tenía buenas intenciones, pero no estaba acorde a lo que pasa en el país y en la educación pública y privada, ni con lo que quieren hoy los jóvenes, “cuando tomamos el proyecto decíamos que era absurdo de que se hablara de ley estatutaria, que regula derecho fundamental, si se desconoce que los privados también ofrecen educación”.

Comentó que el eje significativo es el estudiante y no el maestro, “el principal beneficiario es el estudiante que llega a una institución pública o privada a que le presten el servicio”. Frente a evaluación docente, dijo que no hay aplicación a los maestros de consecuencias, “un maestro es evaluado varias veces y si no sirve debe salir del sistema y darle paso a otro maestro, pero hoy no sale”.