Solicitan la suspensión judicial del contrato para las fiestas de Ibagué

Ibagué

El abogado Luis Felipe Aranzalez, especialista en derecho público y magíster en responsabilidad contractual, extracontractual, civil y del Estado radicó ante un juez administrativo de Ibagué una acción judicial para se ordene por medida cautelar la suspensión provisional de la resolución de la adjudicación del contrato por $7.975 millones a la empresa León Graficas.

Aranzalez insistió en afirmar que en su concepto este contrato se entregó de manera ilegal, violando el debido proceso. “Violando el debido proceso entre otras circunstancias que tienen que ser de conocimiento de la justicia y que estamos pidiendo que actúen de forma rápida para evitar el derroche y el despilfarro de los recursos públicos”.

El abogado reiteró que le impidieron la participación como ciudadano.

“El tema de sobrecostos, tamales a $21 mil, alimentación costosa, noche en hotel de la ciudad de Ibagué a más de un millón trecientos mil pesos, alquiler de vallas que se pagan a $30 mil pero que en la ciudad se paga a $5 mil el día”, afirmó.

A la vez el abogado sostuvo que se contrató un perito que determine los sobrecostos que existirían en el contrato para las festividades folclóricas con el fin de sustentar la demanda, además sostuvo que, al revisar la propuesta del contratista seleccionado, se encontró que no cumplía los requisitos mínimos exigidos, por lo que se ratifica que fue ilegal la adjudicación.

“No cumple requisitos de experiencia, jurídicos y técnicos, pero el comité evaluador de forma ilegal lo avaló, se dijo que se cumplía y por eso se presentó ante un juez de la República con el fin que determine todo lo denunciado en este contrato”, sostuvo Aranzalez.

Por otra parte, afirmó que la contratación de artistas a través del operador logístico lo que hará es aumentar los costos, pero además que se está tercerización, situación que es ilegal.

¿Qué podría pasar con las fiestas de Ibagué?

Finalmente, sostuvo que es consciente que esta acción puede llevar a que se caiga el proceso de contratación afectando la realización de las fiestas, pero también cree que no se puede permitir el derroche de los recursos públicos.