Las respuestas frente a la pérdida de 9 de decretos con el perdón judicial a 9.600 exFarc

Bogotá

Ayer les contábamos en exclusiva sobre el extraño caso de 9 decretos, los que hacían oficial el perdón judicial a 9.600 exguerrilleros de las Farc, que fueron expedidos por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se perdieron durante el Gobierno de Iván Duque y fueron recuperados por la JEP. Les dijimos que hoy los funcionarios responsables le responderían a Caracol Radio.

El primero en responder fue Emilio Archila, que durante el Gobierno de Iván Duque era el Alto consejero presidencial para la estabilización y consolidación, el encargado de implementar el Acuerdo de paz logrado en 2016 entre el Gobierno colombiano y la exguerrilla de las Farc. Y calificó el tema de exótico.

“La sola idea de que un decreto desaparezca ya es exótica. Un decreto no puede desaparecer. Es que los decretos son normas, las normas tienen los procedimientos para adoptarse, para que un decreto llegue a existir tiene que estar dentro del diario oficial. Entonces, como le cuento, no estaba dentro de mi órbita porque eso era el comisionado de paz, pero la sola idea de que un decreto desaparezca es exótica”.

Emilio Archila recordó que esa situación hubiera sido denunciada por las exfarc. Le reiteramos el tema haciéndole claridad sobre el perdón judicial a estos 9.600 excombatientes. Él se acordó que alguna vez los exfarc le comentaron ese tema.

“Era un tema y ese tema lo tocamos en la CECIVI y sé que la oficina del Comisionado de Paz, en particular el doctor Miguel Ceballos, estuvo muy activo con eso”.

Emilio Archila menciona a Miguel Ceballos, quién fue Alto Comisionado para la Paz en el Gobierno Duque, entre el 13 de agosto de 2018 y el 24 de mayo de 2021.

Consultado por el tema Miguel Ceballos nos explicó que no daría entrevistas sobre ningún tema de su gestión, pero accedió a responder de manera escrita. Dijo que:

“Al iniciar el gobierno del Presidente Duque, en el Marco de la CSIVI se estableció la mesa de seguridad jurídica tripartita, conformada por los delegados de las Farc, Jaime Alberto Parra Rodríguez (alias Mauricio Jaramillo o el médico) y Jarol Brito San Juan; por parte del gobierno, Antonio Quiñones Valero, Comisionado Adjunto para La Paz, y los delegados de la de la misión de verificación de la organización de Naciones Unidas. En este escenario, se llevó a cabo el intercambio de información y de depuración de los listados entregados por las FARC al gobierno nacional, con el propósito de desarrollar el trámite administrativo de Acreditación. Asimismo, en esta instancia tripartita se plantearon y resolvieron cada uno de los casos presentados por los por los delegados de las Farc. En el marco de la cooperación armónica, se llevaron a cabo varias reuniones con los magistrados de la JEP, de una de estas reuniones se acordó establecer un canal directo de comunicación entre la Magistrada Marcela Giraldo, como presidente de la sala de Amnistía e Indulto, y Antonio Quiñones, Comisionado Adjunto para La Paz. En este marco de cooperación se intercambió información acerca de los listados y demás informaciones de los integrantes de las extintas FARC”.

“Cada una de las solicitudes elevadas por la JEP a la OACP fueron respondidas dentro del término y de manera completa. Además, en varias oportunidades la OACP recibió visita de inspección judicial en la que participaron varios magistrados con el fin de consultar el archivo histórico de la OACP”.

“Los decretos de amnistía fueron emitidos en el gobierno de Juan Manuel Santos. Por tanto, las notificaciones a todas las autoridades, incluida JEP, las adelantó en su momento la Secretaría jurídica de Presidencia”.

“En el empalme que se realizó con el gobierno santos se nos informó acerca de las amnistías y de la notificación personal que se realizó de estas en las zonas veredales. En el archivo de la oficina del alto comisionado para La Paz reposa el original firmado y con huella de la notificación personal de la amnistía a cada exintegrante de las FARC que se encontraba en las ZVTN”.

“En el gobierno del presidente Duque, la oficina del alto comisionado para la Paz creó el módulo de TRÁNSITO A LA LEGALIDAD dentro de la plataforma SIJIT del Ministerio de Justicia. En esta plataforma se conserva digitalmente el expediente de cada exintegrante de las FARC, lo cual incluye tanto el Decreto de Amnistía, como el acto administrativo de acreditación y demás documentos de identificación”.

“Los Decretos Presidenciales de Amnistía del Gobierno de Juan Manuel Santos siempre fueron parte de la información reservada que desde 2018 estuvo a disposición tanto de las autoridades judiciales y administrativas competentes, como de los excombatientes en el SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL (SIIJT) liderado por la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho. De otro lado en dicho sistema también estaban cargados los correspondientes certificados de Amnistía”.

“Durante el periodo de Miguel Ceballos no solo se hizo un trabajo de depuración de verificación de las listas de las personas acreditadas durante el Gobierno Santos, sino que se acreditaron 769 personas más como beneficiarios del Acuerdo de Paz y se identificaron 272 como menores de edad, quienes no habían sido reconocidos en esa calidad y por lo tanto no tenían los beneficios a los cuales tenían derecho.

También consultamos a las extintas Farc, lo hicimos a través de Camilo Fagua, que hace parte de la Coordinación Nacional de la Defensa de los Firmantes del Acuerdo de Paz, él dice que esos decretos si se conocieron pero que la falla recae también sobre la Fiscalía.

“Sí hay un problema jurídico que pesa mucho sobre las garantías para los firmantes del acuerdo para hombres y mujeres, y tiene que ver con que la fiscalía general de la Nación debía trasladar todas las investigaciones para la Jurisdicción Especial para la Paz. Todas las investigaciones relacionadas con las extintas FARC ocurridas en el contexto o con ocasión del conflicto. Eso es lo que todavía no ha ocurrido de manera suficiente.

Sobre los problemas de los exFarc y esos decretos, ¿Qué dice?

Pues sorprende porque Camilo Fagua dice que la JEP no les informó esa situación, pese a que las mismas exFarc le decían a esta justicia especial que no les estaban cumpliendo con la llamada seguridad jurídica.

“Por eso desconocíamos la situación de la que pone presente la jurisdicción. Me imagino que la jurisdicción adelantaría la investigación tanto penales como disciplinarias contra esos funcionarios que, entiendo, según lo que se ha manifestado, hubo irregularidades en el conocimiento de dichos decretos. Lo que debe estar haciendo hoy la Jurisdicción Especial para la Paz es sacar las amnistías de sala, o sea las providencias judiciales, que eso es realmente lo que le da seguridad jurídica a la población firmante del acuerdo de paz”

Pues ahora la Jurisdicción Especial para la Paz está recorriendo los antiguos espacios territoriales entregando estos decretos a los excombatientes y ahora se espera que en tres meses ya aparezca ese perdón judicial en las bases de datos de las autoridades, para que los que firmaron la paz no se sigan viendo afectados.