No hay pruebas de que incurrió en los delitos que le imputan: abogado de Rocío San Miguel
El abogado Juan González, quien representa a Rocío San Miguel, habló en Hora 20 de Caracol Radio sobre la situación actual de la activista venezolana que fue arrestada el pasado 9 de febrero.
Venezuela
En diálogo para el personaje del día en Hora 20 con Alfonso Ospina, el abogado Juan González, quien representa a Rocío San Miguel, aseguró que, desde el día del arresto, ni su familia, ni su equipo de defensa ha logrado contactarse con ella. Actualmente se encuentran en el proceso de construcción de la defensa técnica para enfrentar el caso de la activista.
San Miguel es acusada por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.
Por su parte, el abogado aseguró que no conocen ninguna prueba que demuestre que San Miguel estaba involucrada con un supuesto plan de atentado contra el presidente Nicolás Maduro.
“No tenemos ninguna referencia de elementos que permitan sostener que la doctora Rocío San Miguel esté incurriendo en los graves delitos que le fueron imputados”, explicó su defensa.
“No podemos decir que contamos con jueces que puedan resolver de manera libre, autónoma e independiente, como manda la constitución. Sin embargo, hacemos lo que nos toca y el mejor esfuerzo para procurar una solución desde el punto de vista jurídico”, afirmó González.
San Miguel, abogada de 57 años y presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida el pasado viernes, 9 de febrero, en el aeropuerto Simón Bolívar que sirve a Caracas. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que el arresto se produjo por una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y en un plan de asesinato denominado ‘Brazalete Blanco’, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios”.
La detención se extendió a familiares de la activista incluidos su hija, dos hermanos, su padre y ex pareja. Sin embargo, los familiares, a excepción de su exesposo, quedaron en libertad condicional con medidas cautelares que consisten en “presentaciones periódicas” en el tribunal que lleva el caso, no podrán salir del país, ni declarar ningún tipo de información la prensa.
Su exesposo, Alejandro González, un coronel retirado también arrestado en esta operación, continúa detenido después de que le imputaron “revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación”.
