Despido masivo de funcionarios de Colpensiones estaría retrasando mas de 70 mil procesos
18.385 casos se encuentran con términos vencidos, y para lo que, no se cuenta con el personal suficiente para ser atendido.
La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones atendió denuncia ciudadana / Cortesía Colpensiones
La Procuraduría, alertó en un primer diagnóstico sobre la situación de la entidad en el que se refleja la grave congestión y retraso en la decisión de prestaciones económicas que podrían afectar los derechos de los ciudadanos.
El ente de control, mediante requerimientos y visitas administrativas, recibió un informe con corte a 31 de agosto de este año con un total de 71.402 casos pendientes por decidir, de los cuales 18.385 se encuentran con términos vencidos, y para lo que, no se cuenta con el personal suficiente para ser atendido.
Recordó la Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, que en el año 2015 cuando se levantó el estado de cosas inconstitucionales, la entidad tenía 11.063 solicitudes vencidas, por lo que, el fortalecimiento de Colpensiones, en general, se había venido manteniendo como una entidad técnica y bajo parámetros de idoneidad, experiencia y eficacia.
El Ministerio Público solicitó conocer las acciones o planes previstos a la fecha ante la contingencia y advierte, además, que el retiro de funcionarios con experiencia técnica especifica, podría generar un aumento en el retraso de las decisiones de prestaciones económicas.
El 1 de septiembre de 2023, la oficina de talento Humano de Colpensiones certificó que entre el 1 de diciembre y el 31 de agosto de 2023 se liquidó en la nómina de servidores públicos por concepto de indemnizaciones la suma de mil doscientos veintiséis millones sesenta y un mil ocho pesos.
Finalmente señalo que con respecto al proyecto de reforma que propone el gobierno, el Ministerio Público advierte que la implementación de un nuevo modelo pensional que estaría a cargo de Colpensiones, requiere de una entidad sólida, técnica, que garantice el debido proceso, los derechos fundamentales, se proteja el patrimonio público y de los afiliados.
