Corte regaña a Fiscalía por falta de garantías frente a asesinatos contra firmantes de paz
Así mismo la Corte Constitucional le ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que garantice las medidas de protección individuales y colectivas de las organizaciones de firmantes
(Photo by: Chepa Beltran/Long Visual Press/Unniversal Images Group via Getty Images) / Chepa Beltran
La Corte Constitucional remitió a la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General de la Nación una copia del Auto 2014 de 2023, en el cual la Sala especial de seguimiento documentó y sistematizó múltiples hechos victimizantes y afectaciones en contra de la población firmante.
La Sala remitió, a través de varios anexos, entre estos uno reservado, la totalidad de las denuncias y documentos que dan cuenta de estas conductas y de la desprotección que experimentan los y las firmantes.
La Sala explicó que lleva un registro de los hechos victimizantes contra este grupo de personas, especialmente de los colectivos de los firmantes y de la sociedad civil y que esta es una “importante labor de memoria histórica para resaltar y nombrar –una vez más– la grave situación de riesgo y de daños consumados en la que se encuentra la población objeto de este estado de cosas inconstitucional”.
Por estas razones, la Sala instó a la Unidad Especial de Investigación a que, en caso de no haberlo hecho, adopte las medidas necesarias para impulsar la investigación y judicialización de las estructuras y organizaciones criminales responsables de patrones criminales contra esta población.
Igualmente, ordenó a la Unidad Nacional de Protección que revise las condiciones de riesgo a las que se exponen los exmiembros de las Farc-EP que pertenecían al Bloque Sur y que son comparecientes ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La Sala también ordenó asegurar la protección de las organizaciones ANFAP y ECOMUN. En ese sentido, la UNP debe adoptar e implementar sin dilaciones las medidas individuales y colectivas para garantizarles las condiciones para comparecer de forma segura ante el sistema de justicia transicional y entregar la información que le permita a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP actualizar el Sistema de Registro de Afectaciones a Comparecientes (SIRECOM).
Finalmente, la Sala solicitó a la Agencia para la Reincorporación y Normalización – ARN– y a la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz informar cuál es la situación actual y les pidió presentar los planes, cronogramas y mecanismos de seguimiento para verificar el cumplimiento de los compromisos de las autoridades para atender la situación de seguridad y de reubicación en condiciones dignas de los y las firmantes.
La Procuraduría, por su parte, debe verificar el cumplimiento de las órdenes emitidas en el auto y, para ello, tiene que remitir informes periódicos a la Sala.
