Procuraduría pide que se declare inconstitucional articulo del Plan Nacional de Desarrollo
Se trata del articulo 97 que habla de la afiliación de las entidades públicas al sistema general de riesgos laborales.
Foto: Departamento Nacional de Planeación.
En un documento de 5 páginas el Ministerio Público le pidió a la Corte Constitucional que tumbe del Plan Nacional de Desarrollo el artículo 97 que habla de la afiliación de las entidades públicas al sistema general de riesgos laborales.
Es importante mencionar en este punto, que dicha disposición fue demandada por Gustavo Enrique Morales Cobo, presidente de Fasecolda que señaló que la medida no tiene recursos asignados en el Plan Plurianual de Inversiones 2002-2026 y la Procuraduría lo respaldo.
Desde el Ministerio publico argumentaron que “impone la afiliación obligatoria de los trabajadores de entidades y corporaciones del Estado a la administradora de riesgos laborales de carácter público con el fin de subsanar su situación financiera, modificando la normatividad ordinaria de seguridad social”.
Y es que señalan que la norma acusada modifica lo que dice la ley pues “la selección de las entidades que administran el sistema de riesgos laborales es libre y voluntaria por parte del empleador”.
Así mismo advirtieron que, en los debates parlamentarios de la Ley 2294 de 2023, no se presento una justificación clara y suficiente “en torno a la instrumentalidad de la medida para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, la cual permita sostener que se trata de una disposición debidamente ilustrada a los congresistas en punto de introducir una modificación a los principios del sistema de aseguramiento de riesgos laborales (libre escogencia del empleador), en lugar de una disposición aislada y ajena a la cuestión tratada”.
Finalmente el Ministerio Público consideró que la modificación debió realizarse por medio de una ley ordinaria a fin de debatir de manera abierta y democrática la conveniencia de modificar el principio de libre escogencia del empleador en materia de aseguramiento de riesgos laborales en tratándose de instituciones del Estado.
El recurso quedo en el despacho de la magistrada Cristina Pardo.
