Usuarios estarán en propuesta de reforma al régimen de servicios públicos domiciliarios
“Lo que el presidente Gustavo Petro ha propuesto es democratizar los servicios públicos, no estatizar el sector, sino fortalecer lo público”: SuperServicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Universalidad y democratización de los servicios públicos, ordenamiento del territorio alrededor del agua, tarifas solidarias y redistributivas, consumo mínimo vital a cargo del Estado, y eliminación del contrato de condiciones uniformes entre empresas y suscriptores son algunos de los aspectos contemplados para actualizar el marco legal del sector.
El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, presentó algunos alcances de la propuesta de reforma al régimen del sector que presentará el Gobierno del Cambio al Congreso en el segundo semestre del año. Los usuarios y usuarias serán el centro de la regulación y supervisión de la prestación de estos servicios, sin desconocer la necesaria sostenibilidad de las empresas que los generan y operan.
En su intervención, el superintendente aseguró: “Lo que el presidente Gustavo Petro ha propuesto es democratizar los servicios públicos, no estatizar el sector, sino fortalecer lo público. Reconocemos los logros del régimen vigente y, bajo ese entorno, la propuesta contempla actualizaciones y nuevas disposiciones para atender la realidad del país. Las reformas deben responder al programa de Gobierno del Cambio “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, al Estado social de derecho que consagra la Constitución Política y a la doctrina de la Corte Constitucional expedida en materia de servicios públicos para poblaciones desprotegidas. Será una iniciativa en la que se tendrá en cuenta los aportes de las comunidades, prestadores, academia, entidades públicas y organismos de control, entre otros actores del sector.”
La reforma apuntará a la universalización de los servicios mediante la definición de tarifas solidarias y redistributivas, la ampliación de cobertura en zonas rurales, esquemas alternativos de prestación de servicios, así como la promoción de comunidades energéticas y de acueductos comunitarios. Igualmente, se plantea el suministro de un mínimo vital para satisfacer las necesidades básicas de agua, energía, saneamiento básico e internet a poblaciones vulnerables, bajo la responsabilidad del Estado y sin implicar la gratuidad del servicio.
En torno a la protección de los derechos de los usuarios y usuarias, el superintendente Dagoberto Quiroga indicó que “Se analiza su participación en la elaboración de la regulación, especialmente en el régimen tarifario, respeto al debido proceso en sus reclamaciones y eliminación del contrato de condiciones uniformes que se pacta entre empresas y suscriptores; a cambio se elaborará un código de derechos y deberes de las partes.”
