¿Qué es la Comisión de Acusaciones que podría investigar al presidente Gustavo Petro?

Una serie de audios comprometedores del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, al parecer, con Laura Sarabia, ex jefe de gabinete de Petro y envuelta en presuntas interceptaciones ilegales, tiene en vilo al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Una de las declaraciones de Benedetti que más comprometen al Gobierno fue la posible compra de votos para la campaña presidencial en la Costa. En la cinta, el exsenador asegura que consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña y que todos los votos en esa región del país se encargó de recogerlos él.

Benedetti también amenazó con decir quién fue el sujeto encargado de financiar esa campaña y aseguró que en cualquier momento iba a reclamar su espacio político.

Por lo anterior, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez interpuso ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, una denuncia en contra del presidente Gustavo Petro. “Este es el camino institucional para que se investigue al presidente de la República. Se evidencia irregularidad en financiación de la campaña a la Presidencia”, aseguró el también exalcalde de Medellín.

Gutiérrez le envió también un mensaje a los representantes a la Cámara que integran la Comisión de Acusaciones. “Hagan esta investigación y sesionen de forma pública, como lo dice la ley, donde tengan acceso los medios de comunicación y la ciudadanía”.

Igual que el excandidato presidencial, otros sectores de oposición también interpondrán denuncias en la Comisión de Acusaciones. Ya lo han anunciado los congresistas Miguel Uribe y Miguel Polo Polo, pero no se descarta que acudan más.

¿Qué es y qué hace la Comisión de Acusaciones?

La Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes está conformada por 16 congresistas, quienes tienen entre sus funciones investigar las denuncias y quejas disciplinarias contra altos dignatarios del Estado.

Entre las personas investiga esta comisión está el presidente de la República, el fiscal General de la Nación y Magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura.

Cuando uno de estos altos funcionarios comete delito en ejercicio de sus funciones o incurre en indignidad por mala conducta, lo investiga la Cámara, por conducto de la Comisión de Investigación y Acusación, y lo juzga el Senado.

Así lo establece el Artículo 178 de la constitución política de Colombia, “La Cámara de Representantes tendrá las siguientes atribuciones especiales: (3) Acusar ante el Senado, previa solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los Miembros de la Comisión de Aforados”.

No obstante, esta Comisión ha sido ampliamente críticada, pues al considerarse una corporación política y al ser sus miembros políticos activos, hay quienes consideran equivocado atribuirle el cumplimiento de funciones judiciales.

Otra crítica es que sesionan poco y tampoco se conocen sus avances. Por ejemplo, desde el 20 de julio al 16 de diciembre de 2022 se realizaron solamente dos sesiones, teniendo en cuenta que los integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación tomaron posesión el 30 de agosto de 2022.

¿Quiénes han sido investigados por la Comisión de Acusaciones?

Uno de los procesos más recordados y que posiblemente podría tener similitudes al actual escándalo del gobierno Gustavo Petro, es el conocido ‘Proceso 8000′. Cuando en 1995, el entonces presidente Ernesto Samper fue investigado por la Comisión de Acusaciones por presuntamente haber recibido dinero proveniente del narcotráfico para su campaña presidencial.

En la contienda electoral para la presidencia 1994-1998 se enfrentaron en segunda vuelta los candidatos Andrés Pastrana Arango, por el Partido Conservador y Ernesto Samper Pizano, por el Partido Liberal. Poco después de que ganara este último, el presidente electo fue acusado por su contrincante de haber recibido al menos 3,7 millones de dólares del narcotráfico para financiar su campaña.

La prueba reina eran unos casetes que fueron entregados al entonces presidente César Gaviria y que terminaron en custodia del Fiscal Gustavo De Greiff. En ellos se escuchaba al periodista Alberto Giraldo hablar con Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali, quienes reconocían haber entregado dinero para la campaña presidencial de Samper. El expediente de dicha investigación en la Fiscalía tenía el número 8.000.

El proceso condenó a los máximos jefes de campaña de Samper, sin embargo, al expresidente esa la Comisión de Investigación y Acusación le dio una declaratoria de “ni culpable, ni inocente”. Este organismo, dio a conocer un auto inhibitorio debido a la falta de pruebas sobre la entrada de dinero proveniente del narcotráfico a la campaña presidencial y el conocimiento de Ernesto Samper al respecto.

Otro proceso que investigó esta comisión, fue la llamada ‘Ñeñe Política’ en las elecciones presidenciales de 2018. En su momento se acusó al expresidente Iván Duque Marquez, de recibir financiación para su campaña, del reconocido empresario José Guillermo, el ‘Ñeñe’ Hernández.

A pesar de que se trató de un escándalo de grandes dimesiones, la Comisión de Acusación aprobó el expediente de archivo que presentó el representante Óscar Villamizar, del Centro Democrático, y que firmó posteriormente John Jairo Cárdenas, de la U. Los congresistas concluyeron que no había suficientes motivos para concluir que el expresidente recibió financiación ilegal.

Así mismo, a Duque se le investigó en la Comisión por presunta participación indebida en política. Pero este hecho tampoco prosperó. La denuncia se instauró en julio de 2021.

En su momento la demanda buscaba que al entonces jefe del Estado se le discplinara porque habría incurrido en participar en política porque hizo referencia, en varias entrevistas a medios, a precandidatos que tenía el partido Centro Democrático.

Así mismo, ante la Comisión de Acusaciones también ha sido denunciado el fiscal general, Francisco Barbosa. Ninguna de las denuncias ha surtido ningún efecto.

La fiscal Angélica Monsalve lo denunció por presunto abuso de autoridad y prevaricato, por supuestamente haberle quitado arbitrariamente el expediente contra un alto funcionario de la DIAN. No obstante la Comisión archivó la investigación y señaló que no encontró “elementos constitutivos de delito en la denuncia”, razón por la cual se inhibieron de avanzar con el trámite.

Presidente de la Comisión, investigado por corrupción

El presidente de la Comisión de Investigación y Acusación es Wilmer Ramiro Carrillo, un cuestionado político de Norte de Santander, miembro del Partido de La U, procesado por la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en delitos de corrupción.

La Corte lo acusa por presuntamente haber ordenado de forma irregular el pago de $258 millones cuando era secretario de Infraestructura de Norte de Santander y lo investiga por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Los hechos se remontan a cuando Carrillo Mendoza era Secretario de Infraestructura de la Gobernación de Norte de Santander y al contrato de obra pública No. 001442 de 2010 suscrito con la Unión Temporal Arboledas 2010, cuyo objeto era el mejoramiento y mantenimiento de la vía Salazar-Arboledas, en ese departamento.

La acusación señala que se encontraron irregularidades en las fases de trámite, celebración y liquidación de dicho contrato, actividades que estaban bajo la responsabilidad de Carrillo Mendoza quien tenía a su cargo la dirección, control, vigilancia y el seguimiento de todas las fases de la contratación.