PG pide a la JEP investigar muerte de civiles acusados de colaborar con ilegales en Urabá
La Procuraduría también le solicitó a esta magistratura investigar el uso de armas de guerra prohibidas y las violencias basadas en género por parte de estos grupos armados ilegales.
Antioquia
La Procuraduría General de la Nación solicitó profundizar en algunos temas a la JEP, entre ellos definir e investigar los homicidios de los civiles señalados de colaborar con el Ejército o con grupos paramilitares, por parte del Frente 5 de las extintas Farc, que operaron en el Urabá antioqueño y chocoano, como un nuevo patrón criminal.
El Procurador Primero delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita, asegura que esta modalidad de asesinatos se constituye como un patrón macro criminal, teniendo en cuenta que se trató de crímenes cometidos en ejercicio del control social y territorial, esto luego de analizadas las observaciones de las versiones entregadas por cinco exintegrantes de este frente.
Por su parte el Ministerio Público luego de analizadas las versiones analizadas un excombatiente relata como el señalamiento de un miliciano contra tres indígenas como colaboradores del ejército, fue suficiente para que el comandante guerrillero ordenara una emboscada para asesinarlos.
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El Procurador Alonso Pío también, explicó que estas víctimas en el Urabá eran estigmatizadas como simpatizantes y colaboradores del enemigo en muchos casos solo por simples sospechas.
Dentro de la solicitud, también se le pide a la Jurisdicción Especial para la Paz profundizar sobre el uso de armas de guerra prohibidas en el Derecho Internacional Humanitario como las minas antipersonales y bombas artesanales usadas contra la población civil, esto teniendo en cuenta los relatos de comparecientes, quienes hablaron sobre las órdenes de minado cerca al Río Mando y de como cada guerrillero era obligado a llevar consigo al menos una mina durante los desplazamientos.
Para terminar, también le solicitó abordar los hechos relacionados con la violencia sexual y de género y exigir a los comparecientes reconocer estos delitos para que la conducta deje de ser invisibilizada.