Internacional

Estados Unidos: Colombia vivió un 2022 preocupante en derechos humanos

El Departamento de Estado destaca que en 2022 hubo varios reportes de abusos por parte de fuerzas de seguridad, homicidios, torturas, corrupción gubernamental y desplazamiento.

Piden a la CIDH adelantar visita a Colombia por violaciones a los derechos humanos. Foto: Getty Images

Piden a la CIDH adelantar visita a Colombia por violaciones a los derechos humanos. Foto: Getty Images(Thot)

El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su informe anual sobre la situación de derechos humanos a nivel global con capítulos para cada país, en el apartado de Colombia se explica en varios apartados que pese a una actuación gubernamental con miras a evitar la violación de los derechos, esto siguió ocurriendo en varios aspectos.

Se resalta que en 2022 se registraron las votaciones consideradas como las más pacíficas en décadas y que resultaron en la elección de Gustavo Petro como presidente. Se agrega que si bien “en general, las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos”.

En cuanto a los elementos de derechos humanos, el Departamento de Estado recoge que hubo informes fidedignos de “homicidios ilegítimos o arbitrarios; tortura y detención arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno y grupos armados; abusos graves en un conflicto; penalización de la difamación; corrupción gubernamental grave”.

A esto se agrega que hubo denuncias sobre “violencia y el desplazamiento forzado de personas afrocolombianas e indígenas; violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales; y asesinatos y otros actos de violencia contra sindicalistas”.

Aunque se indica que “en general, el gobierno tomó medidas para investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos”, la mayoría de los casos sufrieron largas demoras y estas investigaciones no evitaron que esos casos siguiesen ocurriendo dado que incluso hubo grupos armados que continuaron operando.

Allí se destaca que estos grupos armados fueron “autores importantes de abusos contra los derechos humanos y delitos violentos, incluidos actos de ejecuciones extrajudiciales e ilegales, extorsión y otros abusos o delitos, como secuestros, torturas, trata de personas, atentados con bombas, restricciones a la libertad de circulación, violencia sexual, reclutamiento y utilización ilegales de niños soldados, y amenazas de violencia contra periodistas”.

Respeto a la integridad de la persona

Hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegítimos (...) Los grupos armados ilegales, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cometieron numerosos homicidios ilegítimos, en algunos casos por motivos políticos, y generalmente en zonas sin una fuerte presencia del gobierno.

Las investigaciones de asesinatos pasados continuaron, aunque lentamente debido a la alta carga de trabajo de jueces, fiscales e investigadores encargados de hacer cumplir la ley.

La mayoría de las condiciones en las cárceles y centros de detención eran duras y amenazaban la vida debido al hacinamiento, las condiciones sanitarias inadecuadas, la atención médica deficiente y la falta de otros servicios básicos. La escasa formación de los funcionarios siguió siendo un problema en todo el sistema penitenciario.

—  Reporte de derechos humanos en Colombia durante 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Respeto por las libertades civiles

A pesar de que la ley establece la libertad de expresión para prensa y medios de comunicación y hubo un respeto en general a este derecho, se denunció un “ aumento del hostigamiento y las amenazas por parte de funcionarios estatales, incluida la policía, durante la cobertura de las protestas en todo el país”.

El gobierno influyó con frecuencia en la prensa, en parte a través de sus grandes presupuestos publicitarios.

Miembros de grupos armados inhibieron la libertad de expresión intimidando, amenazando, secuestrando y asesinando a periodistas. Las ONG nacionales e internacionales informaron de que los medios de comunicación practicaban regularmente la autocensura debido a las amenazas de violencia de los grupos armados.

—  Reporte de derechos humanos en Colombia durante 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Libertad para participar en el proceso político

En marzo y mayo se celebraron elecciones legislativas y presidenciales, respectivamente. Debido a que ningún candidato presidencial ganó más del 50 por ciento de los votos en la primera ronda, el país celebró una segunda ronda de votación en junio, lo que resultó en la elección de Gustavo Petro.

Los observadores, incluidos equipos de embajadas extranjeras, la Organización de los Estados Americanos y la principal Misión de Observación Electoral de vigilancia nacional, consideraron que las elecciones fueron libres y justas.

Las bandas criminales, las disidencias de las FARC y el ELN continuaron amenazando y matando a funcionarios del gobierno

—  Reporte de derechos humanos en Colombia durante 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Corrupción y falta de transparencia en el gobierno

La ley establece sanciones penales para la corrupción oficial, y el gobierno generalmente implementó estas leyes de manera efectiva, aunque los funcionarios a veces participaron en prácticas corruptas sin castigo. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año, particularmente a nivel local. Los ingresos de la delincuencia organizada transnacional, incluido el tráfico de drogas, exacerban la corrupción.

En agosto, informes de prensa alegaron que funcionarios del gobierno abusaron de sus posiciones para robar cientos de millones de dólares en fondos de implementación del acuerdo de paz destinados a algunos de los territorios más pobres, violentos y menos gobernados del país. Una investigación realizada por periodistas estimó que aproximadamente el 12 por ciento de los recursos de paz de 2021, estimados en 500 mil millones de pesos ($ 115 millones) y destinados a proyectos de infraestructura, se perdieron por sobornos y comisiones ilícitas.

—  Reporte de derechos humanos en Colombia durante 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos.

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