Polémicas que rodean al presidente, ¿se compromete la gobernabilidad?

En Hora20 el análisis a la gobernabilidad del país y el futuro del gobierno Petro tras una serie de polémicas que rodean a la administración que apenas completa siete meses de gobierno. Se analizaron las implicaciones de los escándalos que rodean al hijo y al hermano del presidente Petro y el papel de la familia en el ejercicio de gobierno. Después una mirada a lo que el ministro Prada llamó cerco humanitario tras la retención de 70 policías la semana pasada en Caquetá por parte de organizaciones campesinas.

El jueves de la semana pasada el presidente Petro sorprendió al país solicitándole a la Fiscalía que se investigara tanto a su hermano Juan Fernando Petro, como a su hijo mayor y diputado por el Atlántico, Nicolás Petro por escándalos que lo rodeaban. Horas después de la solicitud, se ha generado una tormenta en la que el gobierno que apenas completa siete meses enfrenta una de las crisis más difíciles. En el caso de Nicolás Petro, su exesposa, Day Vásquez ha dicho a la revista Semana que el hijo del presidente recibió dinero de la mafia para ingresarla a la campaña presidencial, aunque asegura que ese dinero no entró, es decir que habría quedado en manos de Nicolás. También revela a través de chats los encuentros que habría sostenido Nicolás Petro con ministros del gabinete como es el caso de las carteras de Interior, Minas y Salud para presuntamente pedir “cupos” en estas carteras. Por ahora, todos los ministros y directores de departamento nombrados han negado haber entregado cupos o haber sostenido encuentros a cambio de hojas de vida.

Otro es el caso de Juan Fernando Petro, pues la Fiscalía lo investiga desde hace un par de meses por supuestamente recibir dinero de narcotraficantes para que ingresaran a los beneficios que daría la paz total. Incluso, esta polémica viene desde campaña, cuando se reveló el llamado “pacto de la Picota” y los beneficios del perdón social. Sin embargo, el hermano del presidente ha negado que esto haya ocurrido, dice que hay conjuras maliciosas y afirmó esta mañana en un comunicado que el presidente decide “sin miramiento alguno, colocar a los suyos a padecer este escarnio público... para colocarnos como blanco de ataques injuriosos hasta cuando la verdad aflore al final”.

Lo que dicen los panelistas

Sandra Borda, politóloga, profesora universitaria, columnista en Cambio y directora del podcast Buceando en el Naufragio, señaló que enhorabuena el presidente Petro solicita la investigación, pero asegura que por más difícil que sea el sentimiento de hermano e hijo, la obligación del presidente va más allá de sus vínculos familiares, “se debe responder a necesidades de Estado, eso es tener claro naturaleza de vínculos, qué tan ilegales y qué tan vinculadas están con el presidente mismo”. Por otro lado, aseguró que el golpe es duro para el gobierno, que mina su legitimidad para lidiar con ilegales y en particular con criminales, “si algo necesitaba el gobierno para que funcionara la política de sometimiento a justicia, era no tener ningún vínculo con organizaciones criminales a las que intentará someter a la justicia”.

Aseguró que la responsabilidad política antecede a responsabilidad judicial o penal, “parte de la reacción del gobierno entre otras razones es que hay mucho ruido familiar”. Por último, sobre el panorama en Caquetá dijo que antes de leer el uso de la violencia, se debe discutir sobre las reivindicaciones que están detrás del movimiento campesino, “hay problemas con la multinacional, falta de promesas y una tensión grande que han generado entre necesidades legítimas, una total negligencia por parte del Estado”.

Para Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario, cofundador de Visión Colombia 2022, al gobierno le queda difícil en términos de legitimidad mantener negociaciones en paz total, pues señala que este gobierno ha hablado de cambio y ética pública, pero afirma que va a quedar la duda de si hubo negociaciones como una genuina política de Estado o como una negociación que se dio en cárceles, “eso no le hace bien al país, por el contrario, alimenta el discurso de la oposición”. Entre tanto, destaca que el punto es político y garantizó que la legitimidad y gobernabilidad de estas políticas entraron en nivel casi que, de fracaso, “pero no por eso el gobierno debe parar algún tipo de acuerdo”, afirmó.

Sobre el secuestro de militares en Caquetá, dijo que no se puede considerar como cerco humanitario al no ser una manifestación popular legítima ni una manifestación popular donde la legitimidad se mide cuando el medio no supera la criminalidad, “me parece que nos hemos acostumbrados como nación que cualquier persona con poder de acción, se impone al Estado legítimo de derecho”.

Ernesto Cortés, editor general del diario El Tiempo, afirmó que este hecho relacionado con la familia del presidente es el más crítico, por lo tanto, cree que se convertirá en un “papayazo” para la oposición ante la narrativa que ha establecido el gobierno de un cambio. También señaló que, de esta situación, queda algo positivo y es el papel de las instituciones y de que hay Estado, “hay pronunciamiento de los entes de control, de Fiscalía y hasta del presidente”. Por último, manifestó que sería un error del gobierno optar con el camino de la radicalización, pues cree que ese sería el peor escenario, “el presidente debe reflexionar y volver al discurso de posesión, un discurso que lo puso con 70% de favorabilidad en las encuestas”. Incluso, contó que es necesario un staff para el presidente que le diga las cosas como son, pues reveló que fuentes cercanas aseguran que la única figura que le dice las cosas al presidente es la ministra de Agricultura, Cecilia López.

Destacó que por mucha reivindicación no se puede tolerar hechos violentos, “eso toma fuerza en el país, eso es un modus operandi peligroso para la democracia y gobernabilidad”.

Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor en la Universidad Externado y columnista en El Espectador, reconoció que un efecto de las polémicas que rodean al presidente es que tanto la derecha como la izquierda reconocen su importancia y el cumplimiento del debido proceso. También aseguró que hay figuras como Roy Barreras que están cumpliendo un doble papel en el que algunas veces es vocero de las iniciativas de gobierno, pero otras veces sí asume como presidente del congreso, “se está jugando a un semi-parlamentarismo híbrido”.

Explicó que el cerco humanitario es una figura del Derecho Internacional Humanitario ante la afectación de algún derecho fundamental, “se utiliza cuando se pueden ordenar no hacer ataques para que se muevan algunas comunidades para que salgan grupos armados; se hace ese corredor humanitario donde hay cese hostilidades, el Estado no interviene y se sale por razones humanitarias”, pero asegura que lo ocurrido en Caquetá no es un corredor humanitario.