Atentado al Club El Nogal: historia y testimonios del carro bomba en Bogotá

36 personas murieron y más de 180 resultaron heridas durante una noche de viernes, en la que, como en cualquier club, realizaban actividades de esparcimiento, negocios o ejercicio físico. Es decir, actividades propias de población civil que no hace parte del conflicto.

Dos décadas después, aunque los antiguos miembros del secretariado de las FARC han reconocido su responsabilidad y han pedido perdón en diferentes espacios, las víctimas aún siguen esperando respuestas y que se haga por completo justicia respecto de lo ocurrido.

“Fui en 2016 a la mesa de negociación de la Habana pidiendo que nos dijeran la verdad. Luego en marzo del 2017 ellos vinieron y ahí aceptaron que fueron los responsables luego de negarlo por 13 años. Pero también tenía más cuestionamientos sobre conocer los detalles y todavía los estoy esperando: ¿Quién abrió la puerta? ¿Quiénes estaban adentro? ¿Quiénes fueron los cómplices? ¿Qué había allí? ¿Quiénes son los responsables adicionales? Porque ya sabemos quién puso la bomba, pero hay otros responsables por acción u omisión”, asegura Bertha Lucia Fríes, una de las víctimas más reconocidas del ataque.

Aunque las Farc no se atribuyeron públicamente el hecho sino hasta muchos años después, las investigaciones llevaron a señalar a Hernán Darío Velásquez, ‘El Paisa’, comandante de la Columna Móvil Teófilo Forero de las Farc, como el autor intelectual del crimen.

Como autores materiales se identificó a John Freddy Arellán, profesor de squash, quien habría ingresado al club el carrobomba con el que se ejecutó el crimen y murió en la explosión, y su tío Oswaldo, eslabón directo con la columna Teófilo Forero.

Del odio a la reconciliación

Hace un año, en el aniversario número 19 del atentado, el último comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, y Bertha Fríes, en representación de las víctimas, se encontraron de nuevo en un espacio en el que pudieron reflexionar sobre cómo el acuerdo de paz permitió asumir de una manera diferente este acto de violencia.

“Jamás nos motivó afectar a la población civil y este tipo de hechos me avergüenza, porque son actos contrarios a nuestra ética revolucionaria”, aseguró en ese momento Londoño.

“Yo odiaba a las FARC. Durante 8 años quede incapacitada, solo podía mover 3 dedos, tuve que volver a aprender a caminar, aprender a moverme, pero después de que me dedique al mundo de la reconciliación siento que vivo más tranquila y más feliz, a pesar de que más de uno me ha señalado, tanto que ahora estoy escoltada y amenazada por buscar la verdad”, dice Fríes.

A petición de las víctimas, la JEP priorizó el caso dentro del macrocaso número 10 denominado ‘Crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas Farc-EP por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano’ y, según anunció recientemente, durante este semestre llamará a versión a las estructuras de las antiguas FARC que pudieran haber estado implicadas en el hecho.

Sin embargo, el tema que para algunas víctimas sigue sin resolver es si de parte del Estado hubo alguna responsabilidad en lo ocurrido.

En noviembre de 2022, el Consejo de Estado determinó que la Nación no estaba obligado a indemnizar a las víctimas del atentado porque no se había tratado de un hecho que fuera previsible. De acuerdo con el alto tribunal, si bien se tenían reportes de planes guerrilleros para atentar contra lugares emblemáticos en Bogotá, el Nogal no estaba identificado como uno de los posibles blancos.

Si bien, el argumento empleado por las FARC para justificar el atentado era que el club era utilizado por la entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, para sostener reuniones e incluso pasar la noche, no se consideró evidencia suficiente para prever que el club pudiera estar en peligro.

“No se allegaron pruebas –conforme a lo probado– que acreditaran que el atentado contra el Club El Nogal era previsible. Antes de la ocurrencia del acto terrorista no se presentaron amenazas concretas contra el Club El Nogal, sus socios o empleados. No era posible para la fuerza pública prever que grupos ilegales actuarían en contra de la población civil en un establecimiento privado”, dijo el Consejo de Estado.