Caso UP: Indemnizaciones por condena suman más de un millón de dólares
El dinero, que equivale a poco más de 5113 millones de pesos colombianos, será repartido entre familiares de las víctimas, víctimas y organizaciones relacionadas al caso.
César Plata es uno de los sobrevivientes de la masacre cometida contra dirigentes de la Unión Patriótica en el Urabá hace más de dos décadas. Foto: Colprensa(Thot)
Entre las decisiones, la Corte IDH establece que el Estado deberá hacer una serie de pagos como indemnizaciones a las víctimas, sus familiares y otros relacionados al caso que se subdividen así:
- Las 1596 víctimas de desplazamiento forzado incluidas en el caso deberán recibir 15.000 dólares “como indemnización fijada en equidad por la pérdida de sus viviendas o tierras”.
- Una de las principales familias declaradas víctimas deberá recibir 10.000 dólares.
- Otras ocho víctimas identificadas por la Corte IDH recibirán 7.500 dólares cada una.
- 55.000 dólares “por concepto de daños materiales e inmateriales, a cada una de las víctimas de desaparición forzada”.
- 30.000 dólares “a favor de las madres, padres, hijas e hijos, cónyuges, y compañeros y compañeras permanentes” de las víctimas de desaparición forzada.
- 10.000 dólares “a favor de las hermanas y hermanos, de las víctimas de desaparición forzada”.
- 35.000 dólares “por concepto de daños materiales e inmateriales, a cada una de las víctimas de ejecución extrajudicial”.
- 20.000 dólares “a favor de las madres, padres, hijas e hijos, cónyuges, y compañeros y compañeras permanentes” de las víctimas de ejecución extrajudicial.
- 10.000 dólares “a favor de las hermanas y hermanos, de las víctimas de ejecución extrajudicial, por concepto de daño inmaterial, en relación con las violaciones a sus derechos a la integridad personal”.
- 20.000 dólares “por concepto de daños materiales e inmateriales, a cada una de las víctimas de tortura”.
- 5.000 dólares “por concepto de daños materiales e inmateriales, a cada una de las víctimas de tentativas de violación del derecho a la vida, violaciones a la integridad personal, detenciones arbitrarias, amenazas y/o hostigamientos y criminalización indebida mediante procesos penales”.
- 10.000 dólares “por concepto de daños materiales e inmateriales, a cada una de las víctimas de violación del derecho a la vida que eran menores de edad”.
- 5.000 dólares “por concepto de daños materiales e inmateriales, a cada una de las víctimas sobrevivientes de masacres o tentativas de homicidio que eran menores de edad al momento de los hechos”.
- 5.000 dólares “por concepto de daño inmaterial, a cada una de las víctimas de desplazamiento forzado”.
- 5.000 dólares “por concepto de daño material e inmaterial, a cada una de las víctimas de violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial”.
- 500.000 dólares “para los intervinientes comunes” de una corporación “que presentaron comprobantes de los gastos en los que incurrieron durante el caso”.
- 100.000 dólares para uno de las organizaciones que adelantó labores en este caso entre 1994 y 2017. Estos recursos son “por concepto de costes y gastos”.
- Adicionalmente, 225.000 dólares que se dividen en partes iguales para una de las familias víctimas “con relación a los costes y gastos en los cuales incurrieron” y dos organizaciones relacionadas al caso.
En total, el Estado colombiano deberá pagar aproximadamente 1.120.000 de dólares, que son poco más de 5.113 millones de pesos colombianos.
