Niveles de violencia en el Cauca, Nariño y el Pacífico preocupan a HRW

La organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) presentó su informe mundial anual, correspondiente al año 2022.

En el capítulo de Colombia resalta 11 aspectos de gran preocupación por los derechos humanos y menciona los principales problemas que afectaron a Colombia, además de los desafíos y recomendaciones que tendrá que asumir el gobierno del presidente Gustavo Petro este año.

La inseguridad, los graves abusos de grupos armados, el acceso limitado a la justicia y los altos niveles de pobreza fueron identificados por la organización, que hizo énfasis en la violencia que viene generando estos grupos en varias zonas del país, pese a la reducción temporal que se registró tras la firma de los acuerdos de paz.

En diálogo con 6Am Hoy por Hoy, Juan Pappier, investigador sénior para Colombia de la División de las Américas de Human Rights Watch, indicó que regiones como Nariño, Cauca y el Pacífico en general, siguen estando en manos de los violentos.

“Hoy el mayor desafío que tiene Colombia en Derechos Humanos es la situación de violencia por parte de grupos armados y grupos criminales, estamos hablando de un 2022 con 80 masacres, con 200 asesinatos de líderes sociales, según cifras de la Defensoría del Pueblo y más de 80.000 desplazamientos forzados y 120.000 confinados.

Aseguró que la situación es crítica sobre todo es zonas de fronteras con Ecuador y Venezuela y en el Pacífico, “que son las zonas que más nos preocupan y más nos aterran”.

Aunque señaló que el gobierno de Gustavo Petro lleva poco y es temprano para llegar a conclusiones sobre sus políticas de seguridad, las cifras indican que han aumentado las masacres levemente de este año en comparación con el año pasado.

“Y las cifras de asesinatos de líderes sociales también han presentado un aumento de agosto a diciembre en 2022, comparado con el 2021. Entonces los desafíos siguen siendo mayúsculos en materia de seguridad y tristemente vamos a volver a los indicadores que se presentaban antes del acuerdo de paz en el año 2012″, aseguró el investigador.

Para frenar esto, “vamos a ver como el gobierno Gustavo Petro implementa su política de paz total y esto requiere una buena política de seguridad en el terreno, que es lo que esperamos que el gobierno lleve adelante en el 2023″.

Y agregó que, “la política de paz total es supremamente ambiciosa y eso es bueno porque busca hacerle frente al principal problema que son los Derechos Humanos. Puede ser provechosa, sobre todo para las comunidades que han sufrido tanto (...) No puede haber impunidad, la política tiene que tener unos mínimos de justicia, que son los que ya existen en Colombia, con lo acodado en la Habana”.

Indicó que es una buena noticia que Colombia haya aceptado bien la transición de poder, comparado con países de la región como Perú, Estados Unidos y Brasil, “estamos en una región donde hay crisis pos electorales, pero en Colombia esta transición ha sido de forma pacífica y sin mayores sobresaltos”.

El investigador destacó el papel de la Corte Constitucional, que ha despenalizado el aborto, protegido el derecho de las personas no binarias y declarado el estado de cosas inconstitucional en la protección de excombatientes, “es una Corte que ha estado a la vanguardia en a la protección de los Derechos Humanos en Colombia, cuando la clase política no ha sido capaz o no ha querido enfrentar estos problemas del país”.

Según el reporte, las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas, combatientes desmovilizados de las Farc, líderes indígenas y afrodescendientes fueron constantes durante el año pasado.

Los grupos armados, entre los que subrayan al ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, “siguieron cometiendo graves abusos contra civiles, incluidos asesinatos, reclutamiento infantil y violaciones sexuales, especialmente en zonas rurales de la región del Pacífico y a lo largo de las fronteras con Venezuela y Ecuador. La fuerza pública y las autoridades judiciales no han protegido de forma efectiva a la población ni garantizado un acceso suficiente a la justicia ni el desmantelamiento de estos promotores de violencia”.

El informe traza tres aspectos del conflicto armado de Colombia, los abusos por parte de grupos armados que dice continúan cometiendo graves violaciones contra los derechos humanos con asesinatos, reclutamiento infantil y violaciones sexuales.