Pacto por la justicia tarifaria, ¿alivio suficiente?

En Hora20 un análisis a fondo para entender el impacto que tendrá el pacto por la justicia tarifaria anunciada hoy por el Ministerio de Minas y Energía y empresas del sector con el fin de reducir las tarifas de energía que han tenido incremento en los últimos meses. Se habló sobre el impacto real de las medidas en las facturas, lo que significa para las empresas tanto comercializadoras, transportadoras como generadoras. También una mirada a los pasos en adelante y otras propuestas como la sobretasa a las hidroeléctricas.

El acelerado incremento de las tarifas de energía en el país generó que los distintos actores del sector buscaran salidas para frenar el incremento en el valor de la energía que es del 26% en todo el país, pero que en regiones como la costa Atlántica llega a ser del 45 por ciento, pues mientras el kilovatio en Bogotá está por encima de los 600 pesos, en Barraquilla es de $900. Este martes tras dos meses de conversaciones y negociaciones el ministerio de Minas anunció el “pacto por la justicia tarifaria” un acuerdo entre 82 empresas del sector para reducir las tarifas entre el 4 y el 8% a finales de este año. Son dos los puntos: un acuerdo para renegociar las tarifas en 952 contratos entre las generadoras y las comercializadoras, el 54% de estos del mercado regulado y el 46% del no regulado. El otro punto, es un cambio en el indexador de las tarifas, pues hasta el momento se ha hecho a través del IPP un indicador criticado por no reflejar el comportamiento real del sector, por lo tanto, en adelante el indicador se fijará en el más bajo entre el IPC que está en el 0,9 para septiembre y el 0,68 para el IPP.

Por ahora, la mayoría de las empresas del sector, entraron al pacto, menos una de las más polémicas, Afinia que opera en la Costa Caribe y por la cual alcaldes como el de Montería y Cartagena le pidieron al gobierno nacional tomar acciones al respecto.

Dentro de la política integral del gobierno que buscaría ampliar cobertura, calidad y precios razonables, faltaría un paso más para tener tarifas más justas, pues se busca que entre la Creg, el Banco de la República y el Dane se cree un nuevo indicador específico para las tarifas de energía, el cual no permita variaciones repentinas y una estructura indexada, sin embargo, siguen apareciendo dudas sobre el momento en el que este nuevo indexador entre a funcionar, pues actualmente la Creg revisa tres de los cinco componentes de las tarifas como lo hace cada cinco años.

Lo que dicen los panelistas

Sandra Fonseca, presidente la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales –ASOENERGÍA, planteó que el escenario es interesante y que se debe reconocer que gobierno incluyó responder a esta necesidad que se estaba pidiendo a gritos desde hace varios años, “se generó una gran expectativa con medidas fuertes para solucionar el tema, pero no se puede renunciar como Estado a ejercer responsabilidad regulatoria para tomar decisiones que impacten”, pues explicó que en asuntos como el indexador es una opción que dio Creg, pero es algo temporal, y “si se examina lo que quería resolución, es un ajuste del 20% en todos los componentes, mercados y participantes de la cadena”, aclarando que la reducción del 4 al 8% es optimista.

Camilo Sánchez, presidente Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia- Andesco, el pacto entre el gobierno y las empresas no es una solución empezó en este gobierno, “con la Creg veníamos buscando mejor indexador porque veníamos el problema y hoy estamos en un todos ponen en el que el usuario tiene con consumo responsable”. Agregó que durante 10 años no hubo avances, se registraba robo de energía y otros problemas, pero cree que iniciativas como la sobretasa del del 3% a generadoras puede terminar por encarecer más el servicio.

“Una parte puede ir de recursos nacionales, otra desde las regiones. Las empresas vienen haciendo esfuerzo, pero la ley impide que pongamos en peligro suficiencia financiera de las empresas”, resaltó ante el rol de las empresas y decisiones como la de Afina de no sumarse al pacto al tener otros compromisos.

Para Natalia Gutiérrez, presidenta de Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica- Acolgén, el pacto es una tarea nunca vista, “sentarnos a hablar en mes y medio con cronograma y con todo el sector y la cadena fue algo nuevo; uno un trabajo fue organizado y liderado por la Ministra”. Destacó que el paso del que habla el alcalde es de $2 billones, lo cual considera un avance importante, pues plantea que solo basta mirar qué pasa en la costa, ya que al año se pierden $3 billones en robo de energía.

Aclaró que hay problemas como las pérdidas que toca resolver, “hoy hablamos de nueva mesa para trabajar rápidamente y estructurar una solución. De lo contrario, volveremos al tema de las tarifas”.

José Fernando Plata Puyana, socio de MarkUp Consultores, exsuperintendente delegado para Energía y Gas, exmiembro de la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible de Colombia, consultor del BID, profesor en la Universidad Externado, planteó varias preocupaciones sobre este acuerdo, la principal: cómo se trasladan las medidas al consumidor, “como lo plantea la resolución, hay acuerdo entre generador y comercializador para que haya descuento en contrato de descuento a comercializadores ¿cómo se traslada a usuario final?”, en ese punto aseguró que la Superservicios cumple un rol muy importante en este punto. Por último, aseguró que el peor de los escenarios es que haya esfuerzo en generadores y comercializadores no trasladen 100% del descuento.

Jorge Restrepo, economista, profesor en la Universidad Javeriana y columnista en Portafolio, destacó que esta es una primera decisión del gobierno que va en sentido correcto, “se respeta institucionalidad y es un paso porque deja de crecer la tarifa, sino que hay reducción en escenario de aumento en costo de energéticos”.

No obstante, planteó que falta mucho, “eso lo dice la Creg, el país tiene que ir a buscar a que la tarifa refleje el costo marginal de generación, distribución y comercialización”. Por otro lado, comentó que el Gobierno corrige error del primer gobierno Uribe de generar indexación diabólica de pegarla al IPP, “el piso de no ajustarse las tarifas a la baja, se pueden componer en todos sus elementos a la baja, no tiene que estar limitadas al 0%”.

Para el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, el pacto no es más que un primer paso, “es un paso que no refleja las necesidades de una región. Lo que vemos es que para un pequeño emprendedor no es competitivo tener una actividad con altos costos”. Incluso, dijo que si esta dinámica permanece habrá desempleo o pobreza, “no se puede pensar que solo el sistema está montado así; toca entender que hay un sistema interconectado con todo el país”. Por lo tanto, comentó que se tiene que invertir un par de billones en la infraestructura, estima que aproximadamente $6 billones o un fondo de compensación temporal, mientras el privado hace las inversiones, esto en relación con el componente de pérdidas.