¿Se rajó el Gobierno Duque en implementación y cumplimiento del Acuerdo de Paz?

A punto de culminar el cuatrenio legislativo 2018 - 2022, en la antesala del nuevo Congreso que se posesiona el próximo 20 de julio, fue presentado el último informe multipartidista sobre la implementación del acuerdo de Paz. En este, como fue habitual durante estos cuatro años, se entrega un balance sobre distintos factores que dan cuenta de los avances, retrocesos y pendientes de lo pactado en La Habana, Cuba.

En materia de seguridad el documento hace un recuento sobre, por ejemplo, el incremento de la tasa de homicidios. A nivel nacional, del 2017 al 2021, aumentó un 5.5%, mientras que específicamente en los municipios PDET, del 2016 al 2021, este aumento fue del 38,9%. Además, los homicidios de miembros de la Fuerza Pública un 78,3%.

Leer más:

• Petro: Vías terciarias serán contratadas con Juntas de Acción Comunal

Del 2016 al 2021, el número de masacres en el país se disparó mostrando un incremento del 279,9%. Durante el periodo 2017 - 2021 las víctimas de desplazamiento masivo aumentaron en un 478,7%, las de minas antipersonal un 157,6%.

¿Por qué estas cifras?

En materia de avances legislativos el informe encontró que "de las 107 normas necesarias para la implementación aún están pendientes el 33,6%. El Punto 1 sobre reforma rural integral es el más rezagado, con 21 normas pendientes de trámite"; sobre este último hay que advertir que "del total de hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras (1.912.868), solo el 25,37% han sido distribuidas y solo el 2,57% se han entregado a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente".

Otro de los factores ha sido el presupuestal, pues "de los 5,3 billones que el Gobierno tendría que destinar al año para la implementación de los PDET, según el Plan Marco de Implementación, solo se ejecutaron al año 170,5 mil millones; es decir, el 3,2% de lo que se necesita para cumplir con lo acordado. La situación es especialmente grave en la subregión Pacífico Medio, en la que se ha invertido tan solo el 2,3% de lo requerido".

En materia de reincorporación evidencian que el 36,3% del total de excombatientes FARC que entregaron las armas no cuenta aún con un proyecto productivo financiado por el Gobierno. Además, concluyen, "el número de proyectos individuales superó el número de proyectos colectivos, haciendo aún más difícil su sostenibilidad". 

Le puede interesar:

• Luis Gilberto Murillo será el embajador de Colombia en Estados Unidos
• Dólar alcanzó los $4.600 en las primeras operaciones del martes

Así como ha incrementado la violencia contra los liderazgos sociales, pues del 2017 al 2020 la tasa de homicidios en esta población aumentó un 44,4%, desde la firma del acuerdo se han registrado también un total de 315 asesinatos de excombatientes FARC.

De otra parte, una de las grandes deudas es la reparación a las víctimas. Dice el informe que "de las 9.263.826 víctimas registradas, solo el 16,5% han sido indemnizadas. Al ritmo al que vamos nos tomará 61 años llegar a todas". Y añaden que si bien los avances de la JEP, la Comisión Especial para la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desparacidas han sido importantes, "es determinante poder asegurar que se conozcan todas las verdades, que se impongan y empiecen a ejecutar las sanciones, y que se agilice el proceso de búsqueda de personas desaparecidas".